Open/Close Menu Despacho de abogados de Madrid especialistas en derecho de familia, matrimonial así como mercantil, laboralista y penal

¿Se ha preguntado qué puede hacer una persona cuando considera que ha sufrido una detención ilegal? El sistema policial y judicial en España es efectivo y tiene amplias garantías, pero evidentemente no está exento de que pueda haber errores. ¿Qué derechos tenemos para defendernos ante estas situaciones?

En España existe un procedimiento, llamado Habeas Corpus, que sirve precisamente para cubrir esta finalidad. Se encuentra recogido en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus. Gracias a ella, cualquier persona que haya sido detenida de forma ilegal tiene derecho a comparecer ante el Juez para exponer sus alegaciones, tras lo cual el Juez decidirá si es puesta en libertad o no. El plazo de resolución es de 24 horas, lo cual quiere decir que dentro de ese tiempo se tendrá determinar si la detención se ha realizado en las condiciones que regula la Ley.

Este procedimiento puede solicitarlo el propio detenido, pero también otras personas: su cónyuge o pareja de hecho, ascendientes, descendientes, hermanos y tutores legales. También están facultados para ello el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Juez, actuando de oficio. En el escrito que se presente, se deberán hacer constar como mínimo los siguientes aspectos:

  • El nombre del solicitante del Habeas Corpus.
  • El motivo por el que se solicita dicho Habeas Corpus.
  • El lugar de la privación de libertad y las circunstancias personales que han acontecido.

Recomendamos que, si usted o una persona cercana se encuentran detenida y consideran que ha existido un error por parte de los Cuerpos de Seguridad, se ponga en contacto con un abogado penalista lo antes posible. De esta forma se podrá analizar el caso y guiarle adecuadamente. Es por eso que puede contactar con nuestro Despacho de abogados de Madrid, donde le ayudaremos lo antes posible.

Las redes sociales han revolucionado nuestra forma de comunicarnos y tienen útiles ventajas. Sin embargo, también pueden darse situaciones desagradables, por ejemplo cuando nos insultan o recibimos un comentario vejatorio. ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Qué mecanismos ofrece la Ley para defender nuestros derechos?

Debemos partir de que si somos víctimas de algún tipo de insulto, la legislación protege nuestro Derecho al honor. Se trata de un derecho Constitucional, recogido en el artículo 18 CE: Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (...). Por ello en el Código Penal existen unos delitos, llamados de injurias y de calumnias, que sirven precisamente para proteger el honor de cualquier persona. Estos delitos son aplicables tanto si la conducta se hace en la vida ‘real’ como si se hace a través de redes sociales, algo que no todo el mundo conoce. Por eso debemos tener presente que Lo que es delito en la vida real también lo es en la vida virtual.

Las calumnias se recogen en los artículos 205 y siguientes: Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad (artículo 205).

Por su parte, las injurias aparecen recogidas en los artículos 208 y siguientes: Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves (...)(artículo 208).

Qué podemos hacer

Hay dos tipos de medidas que podemos tomar frente a estas situaciones:

  • Extrajudicialmente, podemos pedir al autor de los insultos o vejaciones que retire el contenido que nos perjudica. Además, también podremos bloquear al usuario.
  • Si el autor no retira el contenido, entonces podemos iniciar acciones judiciales y acudir a los Tribunales. Es importante recopilar pruebas de lo que ha sucedido, ya sea a través de fotografías, identificación de perfil del autor, etc., aunque lo más recomendable es que se levante acta notarial de lo sucedido.

En estos casos es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado penalista, para que estudie el caso concreto y nos oriente de forma personalizada. Por ello, si cree que su derecho al Honor ha sido vulnerado, tanto si ha ocurrido en la vida cotidiana como en las redes sociales, no dude en contactar con nuestro despacho de abogados de Madrid.

La orden de alejamiento es una herramienta muy útil en casos con presencia de violencia de género. Como es habitual que existan dudas con el tema, a continuación queremos destacar los aspectos más relevantes del mismo.

Debemos partir de que las órdenes de alejamiento son un tipo de medida privativa de derechos, reguladas en el artículo 39 del Código Penal. Hay que tener en cuenta que una orden de alejamiento puede ser impuesta de dos formas:

  • Mediante Sentencia judicial;
  • Como medida cautelar, con el fin de proteger a la víctima mientras dure el proceso penal.

En cualquiera de los casos, la persona que haya recibido esta pena deberá abstenerse de aproximarse a la víctima, en la distancia que haya señalado el Juez y tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio (informático, telemático, etc). Hay que tener en cuenta que los delitos en los que puede establecerse la orden de alejamiento, están tasados por Ley. Esto quiere decir que podrá aplicarse cuando estemos ante alguno de estos delitos:

  •     Homicidio.
  •     Aborto.
  •     Delito de lesiones.
  •     Contra la libertad (amenazas, acoso...)
  •     Torturas y contra la integridad moral.
  •     Trata de seres humanos.
  •     Delitos contra la libertad sexual.
  •     Delitos contra la intimidad (como el allanamiento de morada).
  •     El derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.
  •     Delitos contra el honor.
  •     Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Por último, queremos señalar que el Juez puede establecer mecanismos para verificar que se cumple la orden de alejamiento, por ejemplo, mediante el uso de pulseras que avisan de la localización. En caso de incumplirse lo establecido estaríamos ante un delito de quebrantamiento de condena, castigado con prisión de 6 meses a 1 año.

Si esta información le ha parecido útil, recuerde que puede hacernos llegar sus comentarios. Además, nuestro equipo de abogados penalistas está siempre disponible para cualquier consulta que necesite hacer sobre esta u otras cuestiones.

¿Sabe que las personas jurídicas, como por ejemplo las empresas y entes con personalidad jurídica, pueden tener responsabilidad penal por sus actos?

En efecto, desde el año 2015, el Código Penal sufrió una modificación que extendió la responsabilidad penal también a las personas jurídicas, algo que a hasta entonces solo se daba en personas físicas. Por tanto, si una empresa u organización incumple la Ley, se vería expuesta alguna de las consecuencias que señala el artículo 33.7:

  • Multa por cuotas o proporcional.
  • Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
  • Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  • Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  • Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
  • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

Dado que estas consecuencias pueden ser bastantes graves y conllevan un gran perjuicio para la persona jurídica, recomendamos asesorarse siempre por medio de un abogado penalista.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que esta responsabilidad penal solo puede darse frente a determinados tipos de delitos, como los delitos informáticos, las estafas, blanqueo de capitales, etc. Se trata de delitos que se encuentran recogidos a lo largo de todo el Código Penal, por lo que no los encontramos en un único artículo.

Y recuerde que una de las formas de evitar la citada responsabilidad de la empresa es a través del Compliance, es decir, un sistema para prevenir los hechos delictivos y realizar una vigilancia adecuada del cumplimiento de las normas. Si desea saber más sobre este estema, puede indicárnoslo poniéndose en contacto con nuestro Despacho de Madrid, donde resolveremos todas sus dudas.

En el ámbito Penal existen unos Juzgados, llamados de Violencia sobre la Mujer, que tratan específicamente los casos relativos a la Violencia de Género. Es frecuente en el ámbito legal que existan Juzgados concretos para algunos temas, con el fin de ofrecer una mejor protección a los ciudadanos.

El informe anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , indica que en el año 2018 estos Juzgados atendieron un total de 210.684 casos penales. [1]

Por otra parte, según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la competencia penal de estos Juzgados es la siguiente (artículo 44):

  • La instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.
  • La instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior.
  • La adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.
  • El conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado.

Estos Juzgados también pueden tramitar determinados procesos civiles, como por ejemplo, los relativos a filiación, maternidad y paternidad; separación y divorcio; etc.

Todas las personas que tengan alguna duda sobre esta materia o que deseen pedir protección, deben buscar al asesoramiento profesional de un abogado. Por eso le recordamos que en nuestro Despacho de Madrid podemos ayudarle si necesita hacernos cualquier tipo de consulta jurídica. En tal caso, puede pedirnos cita previa llamando por teléfono o bien dejando sus datos a través de nuestra web, y le atenderemos con eficacia y con la máxima discreción.

[1]     El informe puede consultarse en la web del Consejo General del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/

Entre los delitos que aparecen regulados en el Código Penal, uno de ellos es la omisión de socorro, que está señalada en el artículo 195. Seguramente alguna vez habremos escuchado un caso (por ejemplo, en los medios de comunicación) donde una persona necesitaba ayuda pero no se le prestó. Pues bien, si se dan determinados requisitos, esta conducta supone un delito en nuestra legislación. Vamos a analizarlo.

Según indica el Código Penal, el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

Es importante tener en cuenta que, tal como nos dice el Código, no se exige ponerse en peligro uno mismo para prestar el auxilio. Por ejemplo: si Juan presencia un accidente de coche, pero el vehículo se encuentra en llamas, no es obligatorio que Juan entre en dicho vehículo para rescatar al herido.

No obstante, el Código continua diciendo lo siguiente: en las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.

Esto significa que aunque no podamos ayudar al herido por nuestro propio pie, sí que podremos en cambiar pedir ayuda (por ejemplo, llamando por teléfono).

Y finalmente, el Código establece que si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años.

Es bueno conocer esta información para no incurrir en un posible delito. En cualquier caso, si tiene o ha tenido algún problema de tipo penal y necesita ayuda, recuerde que la mejor opción es consultar a un abogado. En nuestro Despacho de abogados penalistas de Madrid contamos con un equipo de profesionales que resolverán sus consultas, por lo que no dude en contactar con nosotros para más detalles.

¿Sabe que los procesos penales tienen una serie de etapas en su tramitación? Se trata de una cuestión muy importante, por lo que vamos a explicarla brevemente en las siguientes líneas. Si bien existen varios tipos de procesos penales, cada uno con sus propias características, podemos distinguir una serie de fases comunes:

Fase de instrucción

Es el punto de partida del proceso. Se le llama también ‘fase de sumario’. En ella, se realiza una investigación de los hechos constitutivos del delito, para averiguar quién o quiénes son los culpables del mismo. Para ello se pueden llevar a cabo varias diligencias, como la inspección ocular, declaraciones de los procesados y de testigos, careos, etc. Durante todo este tiempo, tanto acusación como acusado tienen derecho a contar con un abogado, el cual podrá recurrir si algo no se realiza correctamente.

Fase intermedia

Está destinada a valorar si la conclusión del sumario es correcta. En su caso, en esta fase se pueden acordar nuevas diligencias, o también se puede acordar el sobreseimiento del caso (suspensión del juicio por falta de causas para continuar).

Fase de juicio oral

Si no se produce el sobreseimiento, comienza la tercera y última fase del proceso penal, que es donde se produce el juicio oral propiamente dicho. Llegados a este punto, es necesario contar tanto con un abogado como con un procurador. Es en esta fase donde se produce la práctica de las pruebas, como pueden ser informes periciales, pruebas documentales y todas aquellas que permite la Ley.

El juicio oral termina normalmente con una Sentencia, ya que asi lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 802: ‘La sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes a la terminación de la vista’. La Sentencia puede ser condenatoria o absolutoria hacia el acusado, aunque se pueden recurrir.

 Si le ha gustado esta información, le animamos a compartirla si así lo desea; además, recuerde que puede enviar una consulta a nuestros abogados penalistas de Madrid.

En nuestra legislación penal, existen un grupo de delitos que se denominan Delitos contra la libertad. Pueden ser de dos tipos: detenciones ilegales o secuestros. Como suele haber confusión entre ambas figuras, vamos a explicar en qué consisten y cuál es la diferencia entre ellas, por lo que le invitamos a seguir leyendo.

En el primer caso, tal como dice el Código en su artículo 163, ‘El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años.’ Dicha pena disminuye si el culpable libera al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención; y aumenta cuando la detención dura más de quince días.

En el segundo caso que comentamos, el secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será castigado con la pena de prisión de seis a diez años -artículo 164-. Si en el secuestro se hubiera dado la circunstancia del artículo 163.3, se impondrá la pena superior en grado, y la inferior en grado si se dieren las condiciones del artículo 163.2.

La diferencia entre el supuesto de detención ilegal y el secuestro es que en este último se pone alguna condición para dejar el libertad al privado de ella. Un ejemplo bastante común es el de pedir una cantidad de dinero, en concepto de rescate, para liberar a la persona.

Esperemos que esta información le haya sido de utilidad y le invitamos a hacernos llegar sus dudas o comentarios sobre cualquier cuestión, sean sobre Derecho Penal o sobre otras materias legales. En nuestro Despacho de abogados penalistas de Madrid contamos con abogados especializados que le ayudarán con cualquier asunto. Por ello, puede ponerse en contacto por teléfono o utilizando nuestra web, y le daremos respuesta tan pronto como nos sea posible.

Supongamos que usted o alguien cercano han sido víctimas de un delito, por ejemplo, un robo, estafa o similar. Quiere que se emprendan acciones legales contra el infractor, pero desconoce quién es exactamente. ¿Sabe cómo puede resolverse esta situación?

Desde el punto de vista penal existen dos acciones distintas para este tipo de casos, que son la denuncia y la querella. De ellas, la denuncia tiene la particularidad de ser anónima, es decir, que no es obligatorio saber la identidad de la persona denunciada. Por eso, aunque usted no sepa exactamente quién cometió el delito, podrá acudir a una Comisaría de Policía y denunciar lo sucedido. Por ejemplo: a María le han entrado a robar en su casa, pero no sabe quién ha sido. Igualmente, María podrá presentar una denuncia por los hechos ocurridos.

Muchas personas tienen dudas con este tema e incluso dejan de interponer denuncia porque creen que no tiene sentido hacerlo al no saber el nombre de la otra parte, pero como vemos, esto no tiene que ser un obstáculo. Es tarea de los Cuerpos de seguridad hacer una investigación (si hay indicios fundados) y dar con la persona o personas que participaron en los hecho delictivos.

Tenga en cuenta que con un denuncia no se forma parte del proceso judicial, por lo que la policía no está obligada a comunicarle el resultado del mismo. Con las querellas, sin embargo, sí que seremos considerados parte procesal y nos informarán de dicho resultado. Le recomendamos que, siempre que haya sido víctima de un delito, se ponga en contacto lo antes posible con un abogado especializado en Derecho penal. En nuestro Despacho de Madrid nuestros abogados penalistas podrán analizar su caso y tomar las medidas judiciales que sean pertinentes para ayudarle, por lo que no dude en llamarnos o contactar a través de nuestra web.

Después de una separación o divorcio con hijos, se debe establecer para ellos un régimen de guarda y custodia. Este régimen aparece en el Convenio Regulador y debe respetarse escrupulosamente.

Sin embargo, algunos progenitores incumplen deliberadamente el Convenio y se llevan al niño consigo, incurriendo en un delito llamado sustracción de menores. Esta situación aparece regulada en el artículo 225.bis del Código Penal, que lo expresa de esta forma: El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.

 El Código también explica qué se considera exactamente como ‘sustracción’. Concurrirá dicha sustracción si se da alguno de estos supuestos:

  • El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.
  • La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.

En algunos casos, la sustracción de menores tiene lugar en el ámbito internacional: el caso típico es el de un progenitor que vuelve a su país de origen y se lleva al niño. A este respecto queremos añadir que España tiene firmados Convenios internacionales con otros países en materia de sustracción de menores. Por eso, si la sustracción se comete entre dos países miembros del Convenio, será más fácil recuperar al niño. Para más información, puede consultar el Convenio de la Haya del 25 de octubre de 1980.

Como estos casos son graves, es importante contactar con un abogado en cuanto nos sea posible. En nuestro Despacho de Madrid contamos con abogados penalistas que le pueden ayudar con cualquier cuestión relacionada con este u otros temas; no dude en llamarnos para más información.

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