En todos los países del mundo existe una edad de consentimiento sexual, que es aquella en la cual se pueden mantener válidamente relaciones sexuales. Antes de dicha edad se presume que no existe un consentimiento válido, por lo que estaríamos automáticamente ante un delito. Tengamos en cuenta que los delitos contra la libertad sexual, entre los cuales se encuentra el abuso y la agresión, se consideran especialmente graves dentro de la legislación.

En España esta edad está fijada en los 16 años, después de que se reformara el Código Penal en 2015. Hasta entonces la edad de consentimiento sexual eran los 13 años: muy baja, teniendo en cuenta el resto de países de nuestro entorno.

La única excepción que se establece para que un menor de edad tenga relaciones sexuales sin que implique delito es que la otra persona sea cercana al menor por edad y grado de desarrollo o madurez.

Consentimiento sexual en mayores de edad

Aunque se haya alcanzado la edad de consentimiento sexual, no significa que este se encuentre presente de forma automática. Si una de las personas no consiente el acto estaríamos igualmente ante un delito. Recientemente se ha propuesto una modificación del Código Penal según la cual sería necesario un consentimiento sexual explícito, de la misma manera que ocurre en lugares como Bélgica, Alemania, Islandia e Irlanda. Esta propuesta surgió a raíz del famoso caso de La Manada, el cual ha tenido una gran trascendencia social.

Si se tienen dudas sobre el tema o se ha sido víctima de algún tipo de abuso o agresión sexual es imprescindible ponerse en contacto con un abogado penalista para que estudie el caso y tome las medidas pertinentes. En nuestro Despacho de abogados de Madrid contamos con un equipo cualificado que puede ayudarle si tiene cualquier tipo de duda o denuncia sobre el tema. Para más información también puede seguir consultando nuestra web.

En los últimos años se han dado a conocer numerosos casos donde supuestos profesionales ejercen su profesión sin que tengan la cualificación suficiente. Es lo que legalmente se conoce como intrusismo profesional. Si quiere conocer más detalles le invitamos a que lea este artículo.

El Código Penal, en su nueva redacción del año 2015, recoge este delito de la siguiente forma (artículo 403):

El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses.

Esta es la pena base que se aplicaría si una persona realice estos actos. No obstante las penas serían mayores si se dan determinadas circunstancias. Es lo que en Derecho se conoce como un delito agravado. Las circunstancias a las que nos referimos son las siguientes:

Si el culpable, además de lo anterior, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido.

Si el culpable ejerciere los actos a los que se refiere el apartado anterior en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella profesión.

A menudo podemos ver casos de intrusismo profesional en curanderos o terapeutas alternativos que se hacen pasan oficialmente por médicos, por ejemplo. La profesión sanitaria presenta muchos casos de intrusismo, aunque lógicamente también se da en otros sectores. Por eso, ante la duda, no debemos titubear a la hora de pedirle referencias al profesional y de consultar a un abogado si lo creemos conveniente.

Si se ha visto perjudicado por un falso profesional y desea reclamar solo tiene que ponerse en contacto con nuestro equipo y estudiaremos su caso.

Es frecuente que en el día a día escuchemos la palabra denuncia y la asociemos directamente a un proceso judicial. Sin embargo, para los abogados penalistas esta expresión está limitada y tiene unas características que la diferencian de la querella.

Las denuncias tienen carácter anónimo, lo que quiere decir que no conocemos la identidad de la persona contra la que nos dirigimos. Por ejemplo: hemos sufrido un robo en el que nos han sustraído la cartera, pero no sabemos quién ha sido. En este caso interpondremos una denuncia ante la Policía, Cuartel de la Guardia Civil o Juzgado de Guardia de la localidad donde se encuentra el denunciante. Hay que tener en cuenta que en las denuncias no formaremos parte del proceso judicial (si es que llega a producirse) por lo que la policía no tiene obligación de comunicarnos el resultado. Para presentar una denuncia no es necesario llevar procurador ni abogado, aunque si tenemos alguna duda es conveniente consultar con uno.

Las querellas, en cambio, son un documento que van dirigidos contra una persona identificada. Por ejemplo: una mujer quiere denunciar a su pareja por violencia de género. En estos casos sí que formaremos parte del proceso judicial, el cual deberá producirse obligatoriamente. Al formar parte de dicho proceso, seremos informados del resultado del mismo. Además tendremos que contar con la asistencia de un abogado y de un procurador.

Lo que tienen en común ambos conceptos es que se llevan a cabo ante la Jurisdicción Penal. Si en cambio estuviéramos ante un proceso de tipo Civil tendríamos que presentar una demanda, como ocurre con las demandas de divorcio.

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad. Recuerde que en caso de dudas puede ponerse en contacto con nuestros abogados penalistas de Madrid tanto por teléfono como a través de nuestra web. Le atenderemos encantados.

A menudo se confunden las expresiones de hurto y robo, pero legalmente son dos delitos distintos y es importante diferenciarlos.

Según el código Penal, el que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.

En cambio, son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

Si hemos leído con atención estos párrafos habremos observado que el robo se produce algún tipo de violencia o intimidación sobre la víctima, mientras que en el hurto no. Esta es la diferencia entre ambos delitos. Por eso mismo el robo tiene aparejada una pena de prisión más alta que el hurto. Además esta pena se puede ver aumentada si se dan determinadas circunstancias, por ejemplo, si el robo se ha hecho en una casa habitada.

Hoy en día se están produciendo robos utilizando medios que antes no existían, como los que se llevan a cabo por internet. Se recomienda consultar con un abogado penalista si hemos sido víctimas de cualquiera de los casos que hemos mencionada. En nuestro bufete de Madrid contamos con abogados especializados en varios ámbitos, entre ellos el Derecho Penal, que le ayudarán en todo momento. Trabajamos de forma eficaz para dar una rápida respuesta a los clientes que han sido víctimas de un delito y necesitan nuestra ayuda. Contacte con nosotros para más detalles, puede hacerlo llamando por teléfono o acudiendo a nuestra web.

En la actualidad es habitual hablar del Derecho del Honor, dentro de un contexto en el que se ha vulnerado dicho derecho que está reconocido para cualquier persona.

Cuando, por ejemplo, se publica contenido que puede ser ofensivo para la persona en medios de comunicación, redes sociales etc podemos estar ante la vulneración del Derecho al Honor.

¿Qué es el Derecho al Honor?

Cuando hablamos del derecho al honor en realidad nos referimos a un conjunto de derechos recogidos en la Constitución española y relacionados con la intimidad personal y familiar así como la protección de la imagen. Se trata de un derecho fundamental, lo que significa que cuenta con una especial protección.

Este derecho se ha desarrollado en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de marzo que desarrolla el mismo. En esta Ley podemos leer por tanto:

  • El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo dieciocho de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica.
  • El carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo 9.º de esta Ley. En cualquier caso, serán aplicables los criterios de esta Ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada de delito.
  • El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la protección prevista en esta ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento a que se refiere el artículo segundo de esta ley.

Si cree que ha sido vulnerado su honor, recuerdo que la Ley reconoce su derecho y que por tanto puede solicitar el amparo ante los órganos judiciales.

Para hacerlo, puede contar con el asesoramiento de nuestro abogado penalista de Madrid, que le acompañará y guiará durante todo el proceso.

 

Los delitos de injurias y calumnias se confunden a menudo. Se trata de dos términos de uso habitual en medios de comunicación que no significan lo mismo, por lo que, desde nuestro despacho de abogados de Madrid, consideramos útil explicar sus diferencias.

Ambas, tanto la injuria como la calumnia, se consideran delitos contra el honor, y como tal, se hayan recogidos en el Código Penal.

El honor es un derecho que la Constitución Española reconoce expresamente:

"Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

La calumnia es la imputación por parte de una persona hacia otra de la comisión de un delito, aún a sabiendas de que esto no es cierto.

Si una persona acusa a otra por ejemplo de haber robado un objeto, sabiendo que esto es incierto, estaríamos ante un delito de calumnia.

Las consecuencias penales para quién sea condenado por este delito pueden rondar la pena de prisión de seis meses a dos años o bien una multa de seis a doce meses. Dicha multa podrá incrementarse de doce a veinticuatro meses si esta calumnia se ha realizado con publicidad.

La injuria supone que una persona actúa o expresa algo que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su estimación. Por ejemplo, si una persona insulta gravemente a otra estaríamos ante un delito de injurias.

Para que la acción sea considerada un delito, los tribunales consideran que se ha de tratar de un insulto considerado grave por el conjunto de la sociedad. No valdría por tanto cualquier insulto o frase que pudiera ofender a la persona pero que no entrañase la gravedad requerida.

Las penas para los delitos de injurias oscilarán entre los tres a siete meses de multa o bien de los seis a los catorce si las injurias se han vertido con publicidad.

Si siente que su derecho al honor se está violando o bien se siente gravemente insultado por una o varias personas, tiene derecho a defenderse legalmente. Contacte con nuestros abogados penalistas de Madrid para recibir asesoramiento inmediato y le explicaremos de qué forma puede actuar.

Habitualmente, las desavenencias que surgen en el entorno laboral, entre trabajador y empresario, se dirimen en la jurisdicción laboral. Por ejemplo, cuando se produce un despido con el que el trabajador no está conforme, o cuando se modifican las condiciones del contrato de forma unilateral por parte del empresario, o se incumple alguna de las condiciones del contrato o el convenio.

Pero, en algunas ocasiones, determinadas actuaciones trascienden la jurisdicción laboral, pudiendo ser tratadas por la vía penal. En estas ocasiones, deberá contar con el asesoramiento y defensa legal experto de un abogado penalista, como el que encontrará en nuestro despacho de Madrid.

En el Código Penal español se recogen una serie de delitos contra los trabajadores. Existen por tanto determinadas conductas que pueden ser constitutivas de delito como son:

A quiénes, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

El tráfico de mano de obra también se considera delito.

También puede tener consideración de delito el dar trabajo simultáneamente a un grupo de trabajadores sin comunicar la preceptiva alta en la Seguridad Social o sin haber obtenido la autorización de trabajo.

En España, los trabajadores gozan de una serie de derechos que están protegidos tanto por la legislación de índole laboral como por la penal.

Si usted cree que se están vulnerando sus derechos, debe contactar de inmediato con un abogado que pueda ayudarle a defenderlos. En función de la gravedad y tipo de acciones necesitará un abogado laboralista o un abogado penal.

En nuestro despacho de abogados de Madrid contamos con un equipo de abogados multidisciplinar en el que podrá acceder a abogados de todas las áreas. Contacte ya con nosotros para solicitar asesoramiento legal.

Como abogados penalistas en Madrid somos conocedores de lo que, por desgracia, son casos cada vez más habituales de violencia de género.

La violencia de género es un delito que sigue en vigencia en nuestro país, donde las cifras no dejan dudas, incrementándose año tras año.

Para acabar con esta lacra, además de medidas educativas, es necesario que se articulen las herramientas y recursos necesarios para ofrecer una total protección a la víctima de violencia de género.

La ley Orgánica 1/2004 define la violencia de género como “toda violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quiénes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”

Lo que podemos extraer de esta definición es que necesariamente el sujeto activo, es decir, quién ejerce violencia, ha de ser un hombre, y el sujeto pasivo, o lo que es la mismo, la víctima, es la mujer.

Para ser víctima de violencia de género, la mujer no tiene que ser necesariamente su actual pareja, pudiendo haberlo sido en un momento anterior. De igual forma, para ser considerado como violencia de género no es necesario que agresor y víctima convivan juntos.

Como delito que es, la violencia de género es tratada en la jurisdicción de lo penal. Por ello, sin nos vemos involucrados en este tipo de delito debemos recibir asistencia legal por parte de un abogado penalista con experiencia, como el que encontrará en nuestro despacho de abogados de Madrid.

Es importante distinguir entre la llamada violencia de género de la llamada violencia doméstica. Esta última hace alusión a aquel tipo de violencia que se ejerce sobre alguna de las personas que conviven en el núcleo familiar, bien sean hijos, hermanos, padres etc.

Cuando una persona se enfrenta a una situación de violencia de género es imprescindible que actúe para que entren en juego todas las herramientas legales y de otro tipo encaminadas a su protección y a que cese la situación que se vive.

Si usted, o alguien de su entorno cercano, está viviendo esta situación, es importante que emprenda las medidas necesarias para acabar con esta situación.

Contacte con nuestros abogados penalistas de Madrid para obtener asesoramiento legal inmediato

Al finalizar un juicio, una de las cuestiones a dirimir es de qué forma se reparten todas las costas del proceso y a quién le corresponde satisfacerlas.

¿En qué consisten las costas?

Las costas totales están formadas por varios conceptos diferenciados:

  • Reintegro del papel sellado empleado en el proceso.
  • Pago de derechos de Arancel
  • Honorarios devengados por los abogados y los peritos.
  • Indemnizaciones para los testigos que las hubieran reclamado y demás gastos producidos por la instrucción de la causa.

De forma genérica, las costas suelen ser asumidas por la parte que ha perdido en el juicio.

Una vez hechas las tasas y el cálculo de las costas, se comunicará al Ministerio Fiscal y a la parte que haya sido condenada al pago por si tuvieran que hacer alguna manifestación, para lo que tendrá el plazo de tres días.

Transcurrido este plazo y sin que haya habido algún tipo de impugnación, se seguirá con el proceso, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En aquellos casos en que el obligado al pago sea beneficiario de Asistencia Jurídica Gratuita estará exento de asumir dichas costas.

Recuerde que nuestros abogados penalistas de Madrid cuentan con la experiencia suficiente para asumir su defensa legal en cualquier procedimiento penal en el que esté inmerso.

Estamos capacitados para representarle en procesos judiciales relacionados con diversos delitos: delitos de robo y hurto, delitos de lesiones, violencia de género y doméstica

Nuestro objetivo es la defensa de los derechos de nuestros clientes y conseguir los mejores acuerdos posibles. No dude en llamarnos para concertar cita y recibir asesoramiento legal inmediato.

El delito de estafa es, desafortunadamente, uno de los delitos más comunes en España. Tanto empresas como particulares pueden ser víctimas de este tipo de actos. De igual forma, la estafa puede ser cometida tanto por personas físicas como jurídicas.

Ejemplos de estafas son por ejemplo aquellos en los que una empresa ofrece un producto o servicio que luego no realiza o entrega, o que entregue algo que no se corresponde con lo ofertado.

El delito de estafa viene tipificado en el Código Penal, y más concretamente en su artículo 248:

“Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.”

También se consideran reos de estafa:

Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.

Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

Cuando sospechamos que hemos sido víctimas de una estafa o alguien cercano a nosotros, es preciso buscar asesoramiento legal especializado. Para este tipo de casos un abogado penalista es la mejor opción, ya que conoce el proceder ante este tipo de actuaciones con el objetivo de proteger los derechos e intereses de su cliente.

Desde nuestro despacho de Madrid le proporcionaremos asistencia legal a través de un abogado penalista experto que podrá ayudarle de forma personalizada y eficaz sobre su caso.

Contacte ahora con nosotros si necesita asesoramiento inmediato.

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