Internet es sin duda una herramienta muy útil, pero también sabemos que puede causar problemas en algunos supuestos. Así ocurre, por ejemplo, con las estafas cibernéticas. Algunos casos son el de los falsos préstamos de dinero; ventas de vehículos que no son ciertas; webs de citas donde se nos acaba robando información personal, etc.

Según el Código Penal, se considera que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También se considera que hay estafa en estos supuestos:

  • Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
  • Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.
  • Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

Nuestra recomendación es que actuemos con mucho cuidado y que obtengamos toda la información posible antes de hacer algún tipo de compra, venta o negocio a través de Internet. Asimismo evitaremos las webs con dudosa reputación o con apariencia poco confiable. Si a pesar de todo descubrimos que se han aprovechado de nosotros, no debemos dudar de ponerlo en conocimiento de la Policía y consultar a un abogado lo antes posible.

Como este tipo de delitos se consideran graves, las penas asociadas a ellos también lo son: prisión de seis meses a tres años, pudiéndose elevar hasta los seis años si se dan determinadas circunstancias.

Si necesita más información sobre este u otros temas legales solo tiene que contactar con nuestro equipo de abogados penalistas de Madrid.

En algunos casos sucede la desafortunada situación de que uno de los cónyuges se marcha de casa sin más y queremos plantearnos qué puede hacerse desde el punto de vista legal. Pues bien, esta situación aparece recogida en el Código Penal como un delito de abandono de familia  (artículo 226). Para ello, según el Código, tiene que darse el caso de que una persona deje de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados.

En estos casos hay que matizar que debe dejarse a la familia en una situación de indefensión y desvalimiento. No es lo mismo, por ejemplo, un caso en que el marido sea el único que tenga un empleo y sea el principal sustentador del hogar, que el otro en que exista una fuente de ingresos adicional. Por tanto habrá que estudiar cada caso concreto para determinar si efectivamente se ha dejado a los miembros de la familia en una situación de desvalimiento.

Si finalmente se acredita el abandono de familia, el Código Penal establece una pena de de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses; además el Juez podrá imponer la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.

Como esta situación es complicada y constituye un delito muy serio, es importante buscar a un profesional del Derecho Penal para que nos ayude y plantee el caso ante los Tribunales. Por eso invitamos a quienes se encuentren en esta situación, o necesiten ayuda con cualquier otro delito, que contacten con nuestro Despacho de abogados penalistas Madrid y les responderemos lo antes posible.

Los procuradores son una figura de la que no siempre se conoce sus funciones. Cuando una persona debe acudir a un proceso judicial, es normal que se pregunte si debe contratar también un procurador además del abogado. Para responder a esta cuestión habrá que atender al tipo de Jurisdicción en el que nos encontramos: Civil, Penal, Laboral y Contencioso-administrativa.

¿Cuando es necesario contratar un procurador?

Civil La regla general es que deberemos llevar procurador, salvo que nos encontremos en alguno de estos supuestos:

  • Juicios verbales, si la cuantía es inferior a 2.000 €.
  • Petición inicial de los procedimientos monitorios.
  • Escritos en los que se solicita la adopción de medidas urgentes con anterioridad al juicio o la suspensión de vistas y actuaciones.
  • Juicios universales, cuando la comparecencia se limite a presentar títulos de crédito o derechos, o para concurrir a juntas.
  • Incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita.

Penal En estos casos donde se enjuicia un delito, será necesario llevar procurador siempre que se abra la fase de juicio oral. Esta fase no se abre en todos los procesos, sino que es el Juez quien decide si se continúa con ella o no.

Laboral En este tipo de casos donde se tramitan asuntos laborales (despidos, reclamaciones de salarios…) la ley no obliga a llevar procurador ni abogado. Sin embargo, contar con un abogado es lo más aconsejable si queremos que nuestros se encuentren correctamente defendidos.

Contencioso-administrativa En esta Jurisdicción se necesitará procurador dependiendo del tipo de órgano ante el que nos encontremos. De esta forma, si es un órgano unipersonal, solo será necesario llevar abogado; en caso de ser un órgano colegiado tendremos que llevar tanto abogado como procurador.

En todos estos casos ya sabe que si tiene dudas desde nuestro Despacho de abogados de Madrid podremos ayudarle a resolverlas. Además tenemos experiencia previa con varios procuradores, por lo que encontrar uno para usted no supondrá ningún problema.

En algunos países existe un tipo de condena llamada cadena perpetua, que como su propio nombre indica consiste en una condena de la máxima duración posible. Pero ¿existe la cadena perpétua también en España? Vamos a responder a esta duda.

El sistema penal español está configurado en base a una serie de principios, siendo uno de ellos la reinserción del preso en la sociedad. Se pretende que quien ha cometido un delito pueda reeducarse y volver a ser un miembro útil de la sociedad. Por otra parte, la Constitución Española indica en su artículo 25 que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

Con estos detalles podemos intuir que la cadena perpetua no es posible en sentido literal en España, por lo que no podría aplicarse. En este sentido estamos en consonancia con el resto de países de la Unión Europea, donde o bien no existe o si lo hace es de forma puramente simbólica.

Tras la reforma del Código Penal en 2015 se introdujo la prisión permanente revisable, que permite una condena de mayor duración pero a la par garantiza los principios que acabamos de señalar.

¿En qué casos puede aplicarse la prisión permanente revisable?

La prisión permanente revisable está pensada para los delitos de mayor gravedad y solo se puede aplicar en supuestos tasados, tales como los siguientes:

  • Asesinatos en los que concurren agravantes (por ejemplo, aquellos donde la víctima es menor de 16 años o es una persona especialmente vulnerable);
  • Delitos contra la Corona;
  • Delitos de genocidio y de lesa humanidad;
  • Delitos cometidos por miembros de una organización criminal;
  • Etc.

Esperamos que esta información haya sido de su interés. Si tiene alguna duda en el ámbito Penal le recordamos que puede contactar con nuestro equipo en cualquier momento. Nuestro Despacho de abogados penalistas de Madrid cuenta con experiencia profesional en varios campos del Derecho y está para ayudarle en todo lo que precise.

Cuando se ha cometido un delito esto queda reflejado en los antecedentes penales. Esta situación puede darnos ciertos problemas, por ejemplo a la hora de encontrar un empleo o de presentarnos a una oposición pública. Las personas extranjeras también pueden tener algunos inconvenientes como por ejemplo que no puedan renovar un visado o, en casos muy graves, pueden ser expulsadas del país.

El Código Penal se reformó por última vez en el año 2015 y trajo consigo grandes cambios; entre ellos, la desaparición de las denominadas faltas. Esto implica que ahora todas las conductas recogidas en el Código Penal se consideran delitos y, por lo tanto, derivan en antecedentes penales.

En cualquier caso sigue existiendo la posibilidad de cancelar los antecedentes penales una vez que ha pasado un tiempo. Estos plazos, que aumentaron tras la reforma que acabamos de citar, son los siguientes:

  • 6 meses, para las penas leves;
  • 2 años, para penas que no excedan de un año y para las penas por delitos imprudentes;
  • 3 años, para las restantes penas menos graves inferiores a 3 años.
  • 5 años, para el resto de penas menos graves que sean iguales o superiores a 3 años.
  • 10 años para las penas graves.

Muy importante tener en cuenta que estos plazos empiezan a contar desde que se produce la extinción de la responsabilidad penal, y exigen que no se haya cometido un nuevo delito (reincidencia). Si el penado hubiera cometido otro delito, habrá que reiniciar de nuevo el cómputo de plazos.

En caso de dudas recomendamos consultar con un abogado penalista, el cual analizará nuestro caso y nos ayudará a solicitar la cancelación de antecedentes. En nuestro Despacho de abogados Madrid contamos con un equipo cualificado que le ayudará con cualquier tema relativo al Derecho penal. Para más información le invitamos a seguir consultando esta web.

Decir la verdad, toda la verdad y solo la verdad. ¿Le es familiar esta frase? Lo cierto es, que al margen de cuestiones cinematográficas, decir la verdad como testigos ante un proceso judicial es trascendente y puede tener consecuencias si no se lleva a cabo, como vamos a ver a continuación.

La Administración de Justicia debe funcionar correctamente y, si una persona entorpece ese funcionamiento, está cometiendo un delito. De esta forma el Código Penal recoge, en su artículo 458, el delito de falso testimonio. Este delito se divide en dos partes, según si se comete en un proceso civil o en uno penal:

‘El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.

Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado.’

A esto debemos añadir que si quien comete este delito fuera un perito o intérprete la regulación se encontraría en el artículo 459, y las penas  se impondrán en su mitad superior. Además dichas personas serán castigadas con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años.

Matizamos que este delito hace referencia a los testigos y no al acusado, el cual tiene derecho a no decir la verdad. Esto, aunque suene extraño, es así porque el acusado tiene reconocidos los derechos de defenderse y de no declarar contra sí mismo.

Esperamos que esta información haya sido de su interés. Si tiene alguna duda sobre esta u otras cuestiones penales solo tiene que hacérnoslo saber y nuestro despacho de abogados penalistas de Madrid le atenderá lo antes posible.

 

En todos los países del mundo existe una edad de consentimiento sexual, que es aquella en la cual se pueden mantener válidamente relaciones sexuales. Antes de dicha edad se presume que no existe un consentimiento válido, por lo que estaríamos automáticamente ante un delito. Tengamos en cuenta que los delitos contra la libertad sexual, entre los cuales se encuentra el abuso y la agresión, se consideran especialmente graves dentro de la legislación.

En España esta edad está fijada en los 16 años, después de que se reformara el Código Penal en 2015. Hasta entonces la edad de consentimiento sexual eran los 13 años: muy baja, teniendo en cuenta el resto de países de nuestro entorno.

La única excepción que se establece para que un menor de edad tenga relaciones sexuales sin que implique delito es que la otra persona sea cercana al menor por edad y grado de desarrollo o madurez.

Consentimiento sexual en mayores de edad

Aunque se haya alcanzado la edad de consentimiento sexual, no significa que este se encuentre presente de forma automática. Si una de las personas no consiente el acto estaríamos igualmente ante un delito. Recientemente se ha propuesto una modificación del Código Penal según la cual sería necesario un consentimiento sexual explícito, de la misma manera que ocurre en lugares como Bélgica, Alemania, Islandia e Irlanda. Esta propuesta surgió a raíz del famoso caso de La Manada, el cual ha tenido una gran trascendencia social.

Si se tienen dudas sobre el tema o se ha sido víctima de algún tipo de abuso o agresión sexual es imprescindible ponerse en contacto con un abogado penalista para que estudie el caso y tome las medidas pertinentes. En nuestro Despacho de abogados de Madrid contamos con un equipo cualificado que puede ayudarle si tiene cualquier tipo de duda o denuncia sobre el tema. Para más información también puede seguir consultando nuestra web.

En los últimos años se han dado a conocer numerosos casos donde supuestos profesionales ejercen su profesión sin que tengan la cualificación suficiente. Es lo que legalmente se conoce como intrusismo profesional. Si quiere conocer más detalles le invitamos a que lea este artículo.

El Código Penal, en su nueva redacción del año 2015, recoge este delito de la siguiente forma (artículo 403):

El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses.

Esta es la pena base que se aplicaría si una persona realice estos actos. No obstante las penas serían mayores si se dan determinadas circunstancias. Es lo que en Derecho se conoce como un delito agravado. Las circunstancias a las que nos referimos son las siguientes:

Si el culpable, además de lo anterior, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido.

Si el culpable ejerciere los actos a los que se refiere el apartado anterior en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella profesión.

A menudo podemos ver casos de intrusismo profesional en curanderos o terapeutas alternativos que se hacen pasan oficialmente por médicos, por ejemplo. La profesión sanitaria presenta muchos casos de intrusismo, aunque lógicamente también se da en otros sectores. Por eso, ante la duda, no debemos titubear a la hora de pedirle referencias al profesional y de consultar a un abogado si lo creemos conveniente.

Si se ha visto perjudicado por un falso profesional y desea reclamar solo tiene que ponerse en contacto con nuestro equipo y estudiaremos su caso.

Es frecuente que en el día a día escuchemos la palabra denuncia y la asociemos directamente a un proceso judicial. Sin embargo, para los abogados penalistas esta expresión está limitada y tiene unas características que la diferencian de la querella.

Las denuncias tienen carácter anónimo, lo que quiere decir que no conocemos la identidad de la persona contra la que nos dirigimos. Por ejemplo: hemos sufrido un robo en el que nos han sustraído la cartera, pero no sabemos quién ha sido. En este caso interpondremos una denuncia ante la Policía, Cuartel de la Guardia Civil o Juzgado de Guardia de la localidad donde se encuentra el denunciante. Hay que tener en cuenta que en las denuncias no formaremos parte del proceso judicial (si es que llega a producirse) por lo que la policía no tiene obligación de comunicarnos el resultado. Para presentar una denuncia no es necesario llevar procurador ni abogado, aunque si tenemos alguna duda es conveniente consultar con uno.

Las querellas, en cambio, son un documento que van dirigidos contra una persona identificada. Por ejemplo: una mujer quiere denunciar a su pareja por violencia de género. En estos casos sí que formaremos parte del proceso judicial, el cual deberá producirse obligatoriamente. Al formar parte de dicho proceso, seremos informados del resultado del mismo. Además tendremos que contar con la asistencia de un abogado y de un procurador.

Lo que tienen en común ambos conceptos es que se llevan a cabo ante la Jurisdicción Penal. Si en cambio estuviéramos ante un proceso de tipo Civil tendríamos que presentar una demanda, como ocurre con las demandas de divorcio.

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad. Recuerde que en caso de dudas puede ponerse en contacto con nuestros abogados penalistas de Madrid tanto por teléfono como a través de nuestra web. Le atenderemos encantados.

A menudo se confunden las expresiones de hurto y robo, pero legalmente son dos delitos distintos y es importante diferenciarlos.

Según el código Penal, el que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.

En cambio, son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

Si hemos leído con atención estos párrafos habremos observado que el robo se produce algún tipo de violencia o intimidación sobre la víctima, mientras que en el hurto no. Esta es la diferencia entre ambos delitos. Por eso mismo el robo tiene aparejada una pena de prisión más alta que el hurto. Además esta pena se puede ver aumentada si se dan determinadas circunstancias, por ejemplo, si el robo se ha hecho en una casa habitada.

Hoy en día se están produciendo robos utilizando medios que antes no existían, como los que se llevan a cabo por internet. Se recomienda consultar con un abogado penalista si hemos sido víctimas de cualquiera de los casos que hemos mencionada. En nuestro bufete de Madrid contamos con abogados especializados en varios ámbitos, entre ellos el Derecho Penal, que le ayudarán en todo momento. Trabajamos de forma eficaz para dar una rápida respuesta a los clientes que han sido víctimas de un delito y necesitan nuestra ayuda. Contacte con nosotros para más detalles, puede hacerlo llamando por teléfono o acudiendo a nuestra web.

logo-footer

                   

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies