En la actualidad es habitual hablar del Derecho del Honor, dentro de un contexto en el que se ha vulnerado dicho derecho que está reconocido para cualquier persona.

Cuando, por ejemplo, se publica contenido que puede ser ofensivo para la persona en medios de comunicación, redes sociales etc podemos estar ante la vulneración del Derecho al Honor.

¿Qué es el Derecho al Honor?

Cuando hablamos del derecho al honor en realidad nos referimos a un conjunto de derechos recogidos en la Constitución española y relacionados con la intimidad personal y familiar así como la protección de la imagen. Se trata de un derecho fundamental, lo que significa que cuenta con una especial protección.

Este derecho se ha desarrollado en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de marzo que desarrolla el mismo. En esta Ley podemos leer por tanto:

  • El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo dieciocho de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica.
  • El carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo 9.º de esta Ley. En cualquier caso, serán aplicables los criterios de esta Ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada de delito.
  • El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la protección prevista en esta ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento a que se refiere el artículo segundo de esta ley.

Si cree que ha sido vulnerado su honor, recuerdo que la Ley reconoce su derecho y que por tanto puede solicitar el amparo ante los órganos judiciales.

Para hacerlo, puede contar con el asesoramiento de nuestro abogado penalista de Madrid, que le acompañará y guiará durante todo el proceso.

 

Los delitos de injurias y calumnias se confunden a menudo. Se trata de dos términos de uso habitual en medios de comunicación que no significan lo mismo, por lo que, desde nuestro despacho de abogados de Madrid, consideramos útil explicar sus diferencias.

Ambas, tanto la injuria como la calumnia, se consideran delitos contra el honor, y como tal, se hayan recogidos en el Código Penal.

El honor es un derecho que la Constitución Española reconoce expresamente:

"Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

La calumnia es la imputación por parte de una persona hacia otra de la comisión de un delito, aún a sabiendas de que esto no es cierto.

Si una persona acusa a otra por ejemplo de haber robado un objeto, sabiendo que esto es incierto, estaríamos ante un delito de calumnia.

Las consecuencias penales para quién sea condenado por este delito pueden rondar la pena de prisión de seis meses a dos años o bien una multa de seis a doce meses. Dicha multa podrá incrementarse de doce a veinticuatro meses si esta calumnia se ha realizado con publicidad.

La injuria supone que una persona actúa o expresa algo que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su estimación. Por ejemplo, si una persona insulta gravemente a otra estaríamos ante un delito de injurias.

Para que la acción sea considerada un delito, los tribunales consideran que se ha de tratar de un insulto considerado grave por el conjunto de la sociedad. No valdría por tanto cualquier insulto o frase que pudiera ofender a la persona pero que no entrañase la gravedad requerida.

Las penas para los delitos de injurias oscilarán entre los tres a siete meses de multa o bien de los seis a los catorce si las injurias se han vertido con publicidad.

Si siente que su derecho al honor se está violando o bien se siente gravemente insultado por una o varias personas, tiene derecho a defenderse legalmente. Contacte con nuestros abogados penalistas de Madrid para recibir asesoramiento inmediato y le explicaremos de qué forma puede actuar.

Habitualmente, las desavenencias que surgen en el entorno laboral, entre trabajador y empresario, se dirimen en la jurisdicción laboral. Por ejemplo, cuando se produce un despido con el que el trabajador no está conforme, o cuando se modifican las condiciones del contrato de forma unilateral por parte del empresario, o se incumple alguna de las condiciones del contrato o el convenio.

Pero, en algunas ocasiones, determinadas actuaciones trascienden la jurisdicción laboral, pudiendo ser tratadas por la vía penal. En estas ocasiones, deberá contar con el asesoramiento y defensa legal experto de un abogado penalista, como el que encontrará en nuestro despacho de Madrid.

En el Código Penal español se recogen una serie de delitos contra los trabajadores. Existen por tanto determinadas conductas que pueden ser constitutivas de delito como son:

A quiénes, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

El tráfico de mano de obra también se considera delito.

También puede tener consideración de delito el dar trabajo simultáneamente a un grupo de trabajadores sin comunicar la preceptiva alta en la Seguridad Social o sin haber obtenido la autorización de trabajo.

En España, los trabajadores gozan de una serie de derechos que están protegidos tanto por la legislación de índole laboral como por la penal.

Si usted cree que se están vulnerando sus derechos, debe contactar de inmediato con un abogado que pueda ayudarle a defenderlos. En función de la gravedad y tipo de acciones necesitará un abogado laboralista o un abogado penal.

En nuestro despacho de abogados de Madrid contamos con un equipo de abogados multidisciplinar en el que podrá acceder a abogados de todas las áreas. Contacte ya con nosotros para solicitar asesoramiento legal.

Como abogados penalistas en Madrid somos conocedores de lo que, por desgracia, son casos cada vez más habituales de violencia de género.

La violencia de género es un delito que sigue en vigencia en nuestro país, donde las cifras no dejan dudas, incrementándose año tras año.

Para acabar con esta lacra, además de medidas educativas, es necesario que se articulen las herramientas y recursos necesarios para ofrecer una total protección a la víctima de violencia de género.

La ley Orgánica 1/2004 define la violencia de género como “toda violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quiénes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”

Lo que podemos extraer de esta definición es que necesariamente el sujeto activo, es decir, quién ejerce violencia, ha de ser un hombre, y el sujeto pasivo, o lo que es la mismo, la víctima, es la mujer.

Para ser víctima de violencia de género, la mujer no tiene que ser necesariamente su actual pareja, pudiendo haberlo sido en un momento anterior. De igual forma, para ser considerado como violencia de género no es necesario que agresor y víctima convivan juntos.

Como delito que es, la violencia de género es tratada en la jurisdicción de lo penal. Por ello, sin nos vemos involucrados en este tipo de delito debemos recibir asistencia legal por parte de un abogado penalista con experiencia, como el que encontrará en nuestro despacho de abogados de Madrid.

Es importante distinguir entre la llamada violencia de género de la llamada violencia doméstica. Esta última hace alusión a aquel tipo de violencia que se ejerce sobre alguna de las personas que conviven en el núcleo familiar, bien sean hijos, hermanos, padres etc.

Cuando una persona se enfrenta a una situación de violencia de género es imprescindible que actúe para que entren en juego todas las herramientas legales y de otro tipo encaminadas a su protección y a que cese la situación que se vive.

Si usted, o alguien de su entorno cercano, está viviendo esta situación, es importante que emprenda las medidas necesarias para acabar con esta situación.

Contacte con nuestros abogados penalistas de Madrid para obtener asesoramiento legal inmediato

Al finalizar un juicio, una de las cuestiones a dirimir es de qué forma se reparten todas las costas del proceso y a quién le corresponde satisfacerlas.

¿En qué consisten las costas?

Las costas totales están formadas por varios conceptos diferenciados:

  • Reintegro del papel sellado empleado en el proceso.
  • Pago de derechos de Arancel
  • Honorarios devengados por los abogados y los peritos.
  • Indemnizaciones para los testigos que las hubieran reclamado y demás gastos producidos por la instrucción de la causa.

De forma genérica, las costas suelen ser asumidas por la parte que ha perdido en el juicio.

Una vez hechas las tasas y el cálculo de las costas, se comunicará al Ministerio Fiscal y a la parte que haya sido condenada al pago por si tuvieran que hacer alguna manifestación, para lo que tendrá el plazo de tres días.

Transcurrido este plazo y sin que haya habido algún tipo de impugnación, se seguirá con el proceso, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En aquellos casos en que el obligado al pago sea beneficiario de Asistencia Jurídica Gratuita estará exento de asumir dichas costas.

Recuerde que nuestros abogados penalistas de Madrid cuentan con la experiencia suficiente para asumir su defensa legal en cualquier procedimiento penal en el que esté inmerso.

Estamos capacitados para representarle en procesos judiciales relacionados con diversos delitos: delitos de robo y hurto, delitos de lesiones, violencia de género y doméstica

Nuestro objetivo es la defensa de los derechos de nuestros clientes y conseguir los mejores acuerdos posibles. No dude en llamarnos para concertar cita y recibir asesoramiento legal inmediato.

El delito de estafa es, desafortunadamente, uno de los delitos más comunes en España. Tanto empresas como particulares pueden ser víctimas de este tipo de actos. De igual forma, la estafa puede ser cometida tanto por personas físicas como jurídicas.

Ejemplos de estafas son por ejemplo aquellos en los que una empresa ofrece un producto o servicio que luego no realiza o entrega, o que entregue algo que no se corresponde con lo ofertado.

El delito de estafa viene tipificado en el Código Penal, y más concretamente en su artículo 248:

“Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.”

También se consideran reos de estafa:

Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.

Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

Cuando sospechamos que hemos sido víctimas de una estafa o alguien cercano a nosotros, es preciso buscar asesoramiento legal especializado. Para este tipo de casos un abogado penalista es la mejor opción, ya que conoce el proceder ante este tipo de actuaciones con el objetivo de proteger los derechos e intereses de su cliente.

Desde nuestro despacho de Madrid le proporcionaremos asistencia legal a través de un abogado penalista experto que podrá ayudarle de forma personalizada y eficaz sobre su caso.

Contacte ahora con nosotros si necesita asesoramiento inmediato.

El delito de lesiones queda definido en el Código Penal, en el que se especifica que:

'El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

Como se deduce por tanto de esta definición, se realiza una distinción del tipo de lesión, dependiendo de si la misma requerirá posteriormente un tratamiento médico, lo que presupone que la lesión es de cierta gravedad.

Cuando la lesión no ha requerido posterior tratamiento médico, aunque sigue considerándose un delito, conlleva una pena menor, que será de multa de entre uno a tres meses.

Si este maltrato no ha causado ningún tipo de lesión, la pena oscilará entre el uno y los dos meses.

El Código Penal a su vez define una serie de circunstancias que, en caso de concurrir en la comisión del delito, agravarán las penas interpuestas por este. Se trata de una serie de agravantes que son:

  • Cuando, durante la agresión, se hubieran utilizado armas, objetos y una forma de llevarla a cabo que se consideran peligrosas para la vida o la salud física o psíquica de la víctima de la lesión.
  • Si hubiera existido ensañamiento o alevosía.
  • Si la víctima fuera un menor de 12 años o bien una persona con discapacidad y por tanto necesitada de una especial protección.
  • Si la víctima es una persona especialmente vulnerable que convive con el autor de la agresión.
  • Si la víctima es o hubiera sido esposa o pareja sentimental del autor de la agresión.
  • En el caso de que la víctima fuera su pareja o expareja además se aplicará un agravante por cuestión de género.

Si hemos sido víctimas de una agresión cuyo resultado es una lesión lo primero que debemos hacer es buscar asistencia médica inmediata para ser tratados de la misma y para obtener un informe médico acerca de las lesiones sufridas.

También es aconsejable buscar la ayuda especializada de un abogado.

Nuestros abogados de Madrid le ayudarán a tomar las medidas legales oportunas para proteger y ejercitar sus derechos ante la Justicia.

Contacte ya con nosotros, y solicite la asistencia legal de un abogado en Madrid especializado en delitos de lesiones.

 

En los últimos años, tras la crisis económica, ha habido un aumento alarmante de los casos de ocupación ilegal de viviendas, es decir, la entrada de una o varias personas en una propiedad que no les pertenece, y sin el consentimiento de sus legítimos dueños, con el fin de habitarla.

Este tipo de ocupación se denomina usurpación y se encuentra regulada en el Código Penal, más concretamente en su artículo 245 que la define como:

Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

 El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

La forma en que se ha producido la ocupación es importante ya que, en caso de haber mediado violencia, las penas impuestas serán mayores que en los casos en los que la ocupación haya sido pacífica.

¿Qué hacer si han ocupado mi vivienda?

Debe tener presente que la Policía solo podrá intervenir si la ocupación se está produciendo en su presencia, algo bastante difícil a no ser que sean por ejemplo los propios vecinos o usted mismo quiénes alerten en el momento de estar produciéndose sobre el  intento de ocupación.

En la mayoría de los casos, para cuando el propietario/s se da cuenta, la ocupación ya se ha hecho efectiva.

En estos casos se deberá conseguir una orden judicial para que se proceda al desalojo del inmueble.

Para obtener dicha orden deberemos cursar la correspondiente demanda y esperar a la celebración del juicio en el que se dice sentencia

Sabemos que la espera puede resultarle incómoda, pero es la vía legal que le ofrecerá todas las garantías para que pueda ejercitar sus derechos y hacer valer estos.

Nuestros abogados penalistas le ayudarán con su caso, en el caso de ser víctima de una ocupación ilegal. Estudiaremos su caso de forma personalizada para ofrecerle la mejor defensa legal y conseguir que el proceso sea lo más rápido y menos oneroso para usted.

No dude en contactar con nuestros abogados de Madrid para solicitar asesoramiento legal inmediato.

El hurto y el robo son dos tipos de delitos muy habituales en Derecho Penal que tienden a confundirse, a pesar de que cuentan con diferencias entre ambos.

Ambos delitos están regulados en el Código Penal, aunque en diferentes artículos.

El delito de hurto se encuentra definido concretamente en el artículo 234, que determina que serán reo de delito de hurto quién, con ánimo de lucro, se apropiase de bienes muebles sin el consentimiento del dueño legítimo de dichos bienes.

El delito de hurto conllevará una pena de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo hurtado fuera superior a los 400 euros.

En cuanto al robo, según el artículo 237, será reo por este delito quién, con ánimo de lucro, se apropie a su vez de bienes ajenos empleando la violencia sobre las cosas para acceder o abandonar el lugar donde estos se encontraban o bien sobre las personas, mediante violencia o intimidación, durante la comisión del delito, o bien durante la huida o persecución.

Si tenemos en cuenta ambas definiciones, veremos claramente que la principal diferencia entre ambos delitos es la existencia o no de violencia a la hora de cometer los mismos. En el caso de que así sea, estaríamos hablando de un robo, y debido a la mayor gravedad de este, la pena que conlleva será mayor.

Además, debemos tener en cuenta que en el Código Penal también encontraremos una serie de circunstancias que se definen como agravantes y, que de darse, agravarían las penas impuestas.

Como agravantes se puede considerar por ejemplo el acceso a una casa habitada, o a un edificio o local público. En estos casos el reo se enfrentaría a una pena de prisión que oscilará entre los dos y los cinco años.

Otro agravante por ejemplo es que los hechos que rodeen a la comisión del delito sean especialmente graves. En estos casos hablaríamos de penas de entre los dos y los seis años.

Existen más agravantes, todos ellos señalados en el Código Penal.

La comisión de cualquier tipo de delito puede entraña mucha gravedad, por lo que si se ve involucrado en uno es importante que busque cuanto antes el asesoramiento especializado por parte de abogados penalistas. En Bufete Velázquez tiene acceso a abogados penalistas en Madrid que podrán ayudarle con la defensa de su caso, garantizándole la mejor defensa legal. No dude en contactarnos.

El hurto y el robo son dos de los delitos más comunes en España. Aunque ambos son delitos y se juzgan por la vía penal, existen diferencias entre ambos que es importante conocer.

Del articulado del Código Penal podemos deducir las diferencias entre hurto y robo.

El delito de hurto viene describo en el artículo 234: “'l que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros"

Por otro lado, el delito de robo lo encontramos definido en el artículo 237: "Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren"

De la lectura de ambos se desprende por tanto que la principal diferencia es si ha existido o no violencia o intimidación a la hora de perpetrar el delito. Obviamente, en el caso de delito de robo, en el que se considera que sí la ha habido, las penas serán mayores puesto que se considera de mayor gravedad.

Además de encuadrar correctamente el tipo de delito, a la hora de solicitar las penas el Código Penal establece una serie de agravantes que pueden prolongar estas. Por ejemplo se considera un agravante cuando el robo se ha cometido en una vivienda habitada o en un edificio o local abiertos al público. En este caso concreto por ejemplo la pena puede ser de prisión y oscilará entre los dos y los cinco años.

Si se ha visto involucrado en algún delito de hurto o robo, es importante que busque cuanto antes el asesoramiento legal que necesita. Nuestros abogados de Madrid le prestarán toda la ayuda para la defensa de su caso. No dude en llamarnos para solicitar más información.

logo-footer

                   

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies