En nuestra legislación penal, existen un grupo de delitos que se denominan Delitos contra la libertad. Pueden ser de dos tipos: detenciones ilegales o secuestros. Como suele haber confusión entre ambas figuras, vamos a explicar en qué consisten y cuál es la diferencia entre ellas, por lo que le invitamos a seguir leyendo.

En el primer caso, tal como dice el Código en su artículo 163, ‘El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años.’ Dicha pena disminuye si el culpable libera al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención; y aumenta cuando la detención dura más de quince días.

En el segundo caso que comentamos, el secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será castigado con la pena de prisión de seis a diez años -artículo 164-. Si en el secuestro se hubiera dado la circunstancia del artículo 163.3, se impondrá la pena superior en grado, y la inferior en grado si se dieren las condiciones del artículo 163.2.

La diferencia entre el supuesto de detención ilegal y el secuestro es que en este último se pone alguna condición para dejar el libertad al privado de ella. Un ejemplo bastante común es el de pedir una cantidad de dinero, en concepto de rescate, para liberar a la persona.

Esperemos que esta información le haya sido de utilidad y le invitamos a hacernos llegar sus dudas o comentarios sobre cualquier cuestión, sean sobre Derecho Penal o sobre otras materias legales. En nuestro Despacho de abogados penalistas de Madrid contamos con abogados especializados que le ayudarán con cualquier asunto. Por ello, puede ponerse en contacto por teléfono o utilizando nuestra web, y le daremos respuesta tan pronto como nos sea posible.

Al hablar de violencia de género podemos asociarlo con agresiones físicas, pero existen muchas otras actitudes y circunstancias que rodean a estos delitos aún cuando no hay violencia física propiamente dicha.

La violencia psicológica puede provocar efectos devastadores en la víctima. Este tipo de violencia se puede manifestar de manera directa (insultos, amenazas…) o de forma más sutil, como por ejemplo a través de comparaciones negativas o desvaloraciones (‘no sabes hacer nada’).

Por otro lado, también queremos citar la violencia económica. En este caso se controla a la víctima para que no gaste dinero, o lo haga de la manera que le indica específicamente el agresor. Por ejemplo: no permitir a la mujer comprarse ropa o bienes sin su consentimiento, revisarle la cartera para ver cuánto dinero lleva, etc.

La violencia social, o aislamiento, consiste en mantener bajo control a la víctima y no permitirle relacionarse con nadie. Se puede llegar al punto de prohibirle que desarrolle hobbies o actividades, que quede con sus amistades, u otras.

Estos son solo algunos ejemplos de violencia de género que podemos encontrar, al margen de las lesiones corporales que hemos comentado. Como vemos, la víctima puede serlo por muy diversos motivos.

¿Qué hacer en caso de sufrir violencia de género?

La duda más razonable es cómo puede protegerse legalmente la mujer para terminar con la situación. Pues bien, el primer paso consiste en ponerse en contacto con un abogado lo más pronto que sea posible. Además de solicitar la correspondiente orden de alejamiento, realizaremos el resto de acciones penales que sean pertinentes: presentar querella criminal por lesiones, amenazas, o cualquier otro delito que haya cometido el agresor.

En España existen unos Juzgados especiales, llamados de Violencia sobre la Mujer, que están destinados a atender en concreto estas situaciones. Por ello, la mujer que denuncie debe saber que su caso recibirá un tratamiento específico.

Si quieres resolver alguna duda sobre el tema o necesitas asistencia legal, solo tienes que contactar con nuestros abogados penalistas de nuestro Despacho de Madrid y te atenderemos lo antes posible.

Los delitos se pueden clasificar de diferentes formas. La clasificación más habitual es la que hace referencia a su gravedad; de este modo, tenemos delitos graves, menos graves y leves.

Esta forma de referirnos a los delitos es relativamente nueva, ya que hasta el año 2015 la clasificación era otra. Con la reforma del Código Penal (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo) se suprimieron las faltas, cambiando por completo el panorama en esta materia. Al desaparecer las ‘faltas’, también lo han hecho los antiguos juicios de faltas.

Los delitos también se clasifican según el bien jurídico protegido, como por ejemplo: delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, delitos contra el honor, etc.

En tercer lugar, también podemos clasificar los delitos según su perseguibilidad y posible eficacia del perdón. En este caso encontraríamos tres supuestos:

  • Delitos públicos. Son los que se pueden perseguir de oficio, es decir, por las propias Instituciones. En estos casos, el posible perdón del ofendido no tiene ninguna eficacia. Un ejemplo serían los delitos de terrorismo, entre otros.
  • Delitos semipúblicos. Son aquellos donde se necesario que la persona agraviada o su representante legal los ponga en conocimiento, aunque a diferencia del caso anterior, su perdón sí que tiene efectos. Un ejemplo sería el de los delitos contra menores o incapacitados.
  • Delitos privados. Son los que solo pueden ser perseguidos a instancia del ofendido o de su representante legal, como por ejemplo las calumnias. El perdón del ofendido sí que es eficaz, en el sentido de que puede servir para que la pena se extinga.

Esperamos que esta información haya sido de su interés. Recuerde: si tiene alguna duda relativa a un delito, solo tiene que ponerse en contacto con nuestro Despacho de Madrid y atenderemos su caso. Contamos con abogados especializados en Derecho Penal, que le ayudarán de manera efectiva y profesional.

En algunos países existe un tipo de condena llamada cadena perpetua, que como su propio nombre indica consiste en una condena de la máxima duración posible. Pero ¿existe la cadena perpétua también en España? Vamos a responder a esta duda.

El sistema penal español está configurado en base a una serie de principios, siendo uno de ellos la reinserción del preso en la sociedad. Se pretende que quien ha cometido un delito pueda reeducarse y volver a ser un miembro útil de la sociedad. Por otra parte, la Constitución Española indica en su artículo 25 que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

Con estos detalles podemos intuir que la cadena perpetua no es posible en sentido literal en España, por lo que no podría aplicarse. En este sentido estamos en consonancia con el resto de países de la Unión Europea, donde o bien no existe o si lo hace es de forma puramente simbólica.

Tras la reforma del Código Penal en 2015 se introdujo la prisión permanente revisable, que permite una condena de mayor duración pero a la par garantiza los principios que acabamos de señalar.

¿En qué casos puede aplicarse la prisión permanente revisable?

La prisión permanente revisable está pensada para los delitos de mayor gravedad y solo se puede aplicar en supuestos tasados, tales como los siguientes:

  • Asesinatos en los que concurren agravantes (por ejemplo, aquellos donde la víctima es menor de 16 años o es una persona especialmente vulnerable);
  • Delitos contra la Corona;
  • Delitos de genocidio y de lesa humanidad;
  • Delitos cometidos por miembros de una organización criminal;
  • Etc.

Esperamos que esta información haya sido de su interés. Si tiene alguna duda en el ámbito Penal le recordamos que puede contactar con nuestro equipo en cualquier momento. Nuestro Despacho de abogados penalistas de Madrid cuenta con experiencia profesional en varios campos del Derecho y está para ayudarle en todo lo que precise.

Los delitos de injurias y calumnias se confunden a menudo. Se trata de dos términos de uso habitual en medios de comunicación que no significan lo mismo, por lo que, desde nuestro despacho de abogados de Madrid, consideramos útil explicar sus diferencias.

Ambas, tanto la injuria como la calumnia, se consideran delitos contra el honor, y como tal, se hayan recogidos en el Código Penal.

El honor es un derecho que la Constitución Española reconoce expresamente:

"Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

La calumnia es la imputación por parte de una persona hacia otra de la comisión de un delito, aún a sabiendas de que esto no es cierto.

Si una persona acusa a otra por ejemplo de haber robado un objeto, sabiendo que esto es incierto, estaríamos ante un delito de calumnia.

Las consecuencias penales para quién sea condenado por este delito pueden rondar la pena de prisión de seis meses a dos años o bien una multa de seis a doce meses. Dicha multa podrá incrementarse de doce a veinticuatro meses si esta calumnia se ha realizado con publicidad.

La injuria supone que una persona actúa o expresa algo que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su estimación. Por ejemplo, si una persona insulta gravemente a otra estaríamos ante un delito de injurias.

Para que la acción sea considerada un delito, los tribunales consideran que se ha de tratar de un insulto considerado grave por el conjunto de la sociedad. No valdría por tanto cualquier insulto o frase que pudiera ofender a la persona pero que no entrañase la gravedad requerida.

Las penas para los delitos de injurias oscilarán entre los tres a siete meses de multa o bien de los seis a los catorce si las injurias se han vertido con publicidad.

Si siente que su derecho al honor se está violando o bien se siente gravemente insultado por una o varias personas, tiene derecho a defenderse legalmente. Contacte con nuestros abogados penalistas de Madrid para recibir asesoramiento inmediato y le explicaremos de qué forma puede actuar.

Como abogados penalistas en Madrid somos conocedores de lo que, por desgracia, son casos cada vez más habituales de violencia de género.

La violencia de género es un delito que sigue en vigencia en nuestro país, donde las cifras no dejan dudas, incrementándose año tras año.

Para acabar con esta lacra, además de medidas educativas, es necesario que se articulen las herramientas y recursos necesarios para ofrecer una total protección a la víctima de violencia de género.

La ley Orgánica 1/2004 define la violencia de género como “toda violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quiénes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”

Lo que podemos extraer de esta definición es que necesariamente el sujeto activo, es decir, quién ejerce violencia, ha de ser un hombre, y el sujeto pasivo, o lo que es la mismo, la víctima, es la mujer.

Para ser víctima de violencia de género, la mujer no tiene que ser necesariamente su actual pareja, pudiendo haberlo sido en un momento anterior. De igual forma, para ser considerado como violencia de género no es necesario que agresor y víctima convivan juntos.

Como delito que es, la violencia de género es tratada en la jurisdicción de lo penal. Por ello, sin nos vemos involucrados en este tipo de delito debemos recibir asistencia legal por parte de un abogado penalista con experiencia, como el que encontrará en nuestro despacho de abogados de Madrid.

Es importante distinguir entre la llamada violencia de género de la llamada violencia doméstica. Esta última hace alusión a aquel tipo de violencia que se ejerce sobre alguna de las personas que conviven en el núcleo familiar, bien sean hijos, hermanos, padres etc.

Cuando una persona se enfrenta a una situación de violencia de género es imprescindible que actúe para que entren en juego todas las herramientas legales y de otro tipo encaminadas a su protección y a que cese la situación que se vive.

Si usted, o alguien de su entorno cercano, está viviendo esta situación, es importante que emprenda las medidas necesarias para acabar con esta situación.

Contacte con nuestros abogados penalistas de Madrid para obtener asesoramiento legal inmediato

Al finalizar un juicio, una de las cuestiones a dirimir es de qué forma se reparten todas las costas del proceso y a quién le corresponde satisfacerlas.

¿En qué consisten las costas?

Las costas totales están formadas por varios conceptos diferenciados:

  • Reintegro del papel sellado empleado en el proceso.
  • Pago de derechos de Arancel
  • Honorarios devengados por los abogados y los peritos.
  • Indemnizaciones para los testigos que las hubieran reclamado y demás gastos producidos por la instrucción de la causa.

De forma genérica, las costas suelen ser asumidas por la parte que ha perdido en el juicio.

Una vez hechas las tasas y el cálculo de las costas, se comunicará al Ministerio Fiscal y a la parte que haya sido condenada al pago por si tuvieran que hacer alguna manifestación, para lo que tendrá el plazo de tres días.

Transcurrido este plazo y sin que haya habido algún tipo de impugnación, se seguirá con el proceso, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En aquellos casos en que el obligado al pago sea beneficiario de Asistencia Jurídica Gratuita estará exento de asumir dichas costas.

Recuerde que nuestros abogados penalistas de Madrid cuentan con la experiencia suficiente para asumir su defensa legal en cualquier procedimiento penal en el que esté inmerso.

Estamos capacitados para representarle en procesos judiciales relacionados con diversos delitos: delitos de robo y hurto, delitos de lesiones, violencia de género y doméstica

Nuestro objetivo es la defensa de los derechos de nuestros clientes y conseguir los mejores acuerdos posibles. No dude en llamarnos para concertar cita y recibir asesoramiento legal inmediato.

En los últimos años, tras la crisis económica, ha habido un aumento alarmante de los casos de ocupación ilegal de viviendas, es decir, la entrada de una o varias personas en una propiedad que no les pertenece, y sin el consentimiento de sus legítimos dueños, con el fin de habitarla.

Este tipo de ocupación se denomina usurpación y se encuentra regulada en el Código Penal, más concretamente en su artículo 245 que la define como:

Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

 El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

La forma en que se ha producido la ocupación es importante ya que, en caso de haber mediado violencia, las penas impuestas serán mayores que en los casos en los que la ocupación haya sido pacífica.

¿Qué hacer si han ocupado mi vivienda?

Debe tener presente que la Policía solo podrá intervenir si la ocupación se está produciendo en su presencia, algo bastante difícil a no ser que sean por ejemplo los propios vecinos o usted mismo quiénes alerten en el momento de estar produciéndose sobre el  intento de ocupación.

En la mayoría de los casos, para cuando el propietario/s se da cuenta, la ocupación ya se ha hecho efectiva.

En estos casos se deberá conseguir una orden judicial para que se proceda al desalojo del inmueble.

Para obtener dicha orden deberemos cursar la correspondiente demanda y esperar a la celebración del juicio en el que se dice sentencia

Sabemos que la espera puede resultarle incómoda, pero es la vía legal que le ofrecerá todas las garantías para que pueda ejercitar sus derechos y hacer valer estos.

Nuestros abogados penalistas le ayudarán con su caso, en el caso de ser víctima de una ocupación ilegal. Estudiaremos su caso de forma personalizada para ofrecerle la mejor defensa legal y conseguir que el proceso sea lo más rápido y menos oneroso para usted.

No dude en contactar con nuestros abogados de Madrid para solicitar asesoramiento legal inmediato.

En la actualidad es muy habitual escuchar los términos “demanda”, “denuncia” y “querella” siendo habitual confundir los tres cuando no se es especialista en derecho. Nuestros clientes nos preguntan a menudo acerca de las diferencias entre

Desde nuestro despacho de abogados de Madrid le explicamos las diferencias entre los tres.

Tanto la denuncia como la querella forman parte de la vía penal, aunque tienen sus diferencias.

Denuncia

Se interpone siempre ante la policía. Para hacerlo no es necesario conocer el nombre del denunciado, es decir, contra quién se dirige la denuncia. Por ejemplo las denuncias se presenten cuando hemos sufrido un robo o hemos sido víctimas de un acto delictivo, en el que en muchas ocasiones no conocemos la identidad del autor. A partir de nuestra denuncia se iniciarán las correspondientes actuaciones policiales, que podrán dar como resultado o no un proceso judicial. En el segundo caso el denunciante no formará parte de dicho proceso aunque sí se le informará del resultado del mismo.

Querella

La querella se presenta contra una persona que sí tenemos identificada. Por ejemplo cuando creemos ser víctimas de delitos contra el honor. En estos casos sí habrá un procedimiento judicial en el que además el querellante será parte del mismo.

Demanda

Se trata de aquella actuación que se lleva a cabo por la vía Civil, diferenciándose así de las otras dos (denuncia y querella).

En las demandas es necesario que se conozca el nombre de ambas partes, tanto el demandante como el demandado, por tanto, no pueden ser de naturaleza anónima.

Si cree que sus derechos han sido violados, no dude en contactar con nuestro bufete de abogados de Madrid para solicitar asesoramiento legal acerca de la mejor forma de proceder en la defensa de sus intereses.

En nuestro despacho encontrará abogados con años de experiencia a sus espaldas que podrán ayudarle en cualquier asunto de índole legal, de forma eficaz y personalizada.

El tráfico de drogas está tipificado en el Código Penal, en su artículo 367. Este tipo de delito queda definido, según el articulado como:

“Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos."

De forma más específica es necesario determinar qué se puede considerar como droga o estupefaciente, y para ello, tenemos que atenernos a la definición que la Organización Mundial de la Salud establece.

En general se considera droga cualquier sustancia que actúe sobre el sistema nervioso central de quién la consuma, provocando un cambio de comportamiento y/o una alteración física o intelectual o una modificación de su estado psíquico.

Existen características en común para todas las drogas, que permitirá identificarlas: generan dependencia  física y/o psíquica, lo que se traduce en la necesidad de seguir consumiéndola y además este consumo debe ser cada vez más elevado para obtener los mismos efectos.

¿Qué drogas son las más comunes? Heroína, cocaína, cannabis, morfina…

Una vez definido grosso modo qué son las drogas, cuando hablamos de un delito de tráfico de drogas tenemos que tener en cuenta que las penas pueden ser variables, ya que depende de las circunstancias concretas en las que se llevó a cabo el delito.

Asimismo, la ley establece una serie de agravantes que, en caso de concurrir, provocarán que la condena se vea aumentada en su mayor grado.

¿Qué se considera un agravante?

Conforme establece el Código Penal, se considerarán agravantes del delito de drogas:

  • Cuando el culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio.
  • Cuando el culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.
  • Cuando los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos.
  • Cuando las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación.
  • Cuando fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior.
  • Cuando las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otras, incrementando el posible daño a la salud.
  • Cuando las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros docentes, en centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación, o en sus proximidades.
  • Cuando el culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el hecho.
  • Si además, el sujeto que cometiera el delito forma parte de una organización delictiva, la pena a la que se arriesga es de 9 a 12 años en caso de tratarse de un delito grave, más multa del cuadruplo del valor de la droga.

En los demás casos de 4 años a seis meses y 10 años.

Como abogados penalistas especializados, estamos capacitados para asumir la defensa legal en cualquier proceso relacionado con un delito de drogas. No dude en contactar con nuestros abogados de Madrid para un primer asesoramiento legal.

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