Abogado penalista Madrid - Delito de estafa

Durante la vigencia del contrato de trabajo se pueden producir una serie de modificaciones que afectan de manera sustancial a las condiciones de trabajo del empleado afectado.
Existen diferentes modificaciones que pueden afectar a: sus funciones, ubicación del trabajo etc. En esta ocasión nos centraremos en la movilidad funcional en el trabajo.

La movilidad funcional

Consiste en el cambio del trabajador de puesto de trabajo dentro de la misma empresa, lo que conlleva que deba desempeñar funciones distintas a las que llevaba realizando hasta ese momento.

Este cambio de puesto es una potestad el empresario, que podrá llevarla a cabo siempre y cuando los trabajadores estén capacitados para desempeñar las nuevas funciones encomendadas y que esto no les suponga una pérdida de categoría profesional y/o salario.

Además, las nuevas funciones no podrán socavar la dignidad del trabajador en el desempeño de las mismas. Tampoco pueden suponer un freno a su promoción profesional o formación.

Cuando esta movilidad implique el cambio de categoría profesional, esta deberá estar debidamente justificada por cuestiones organizativas y se tratará de un cambio cuya duración estará limitada hasta que las cuestiones que lo justifiquen desaparezcan.

Si el cambio de categoría es hacia una inferior a la que tenía hasta el momento, esto no podrá implicar una disminución del salario y además, debe obedecer a causas perentorias demostrables.

Si, por el contrario, este cambio supone realizar funciones específicas de una categoría superior y estas se llevan a cabo durante más de 6 meses dentro de una anualidad u 8 meses durante dos años, el trabajador tendrá derecho a reclamar el ascenso correspondiente junto con el aumento salarial que correspondiera a dicha categoría.

En el caso de que el trabajador no vea reconocido este ascenso por parte de la empresa, podrá acudir a la jurisdicción laboral con el fin de que se dictamine a su favor. En estas situaciones deberá solicitar asistencia legal por parte de un abogado laboralista especializado que pueda ayudarle a reclamar que sean respetados sus derechos, primero frente a la empresa y, en caso de no llegar a un acuerdo, en un proceso judicial en el que se reconozcan los mismos.

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