Una duda bastante frecuente en los Despachos de abogados, sobre todo en la rama de Derecho penal, es si se pueden denunciar unos hechos aunque no sepamos quién o quiénes los han cometido. Pongamos un ejemplo: Juan sale de su casa y, en el trayecto, le roban la cartera. Juan quiere poner estos hechos en conocimiento de las autoridades, pero no sabe la identidad de quien le ha robado. ¿Qué puede hacer?

Bien, para responder a esta pregunta, tenemos que diferenciar entre denuncias y querellas.

Una denuncia es un instrumento anónimo, es decir, no requiere conocer la identidad de las dos partes implicadas.

En una querella, en cambio, sí que hace falta que ambas partes se encuentren identificadas. Las denuncias son muy útiles en casos como el que comentamos aquí, cuando no conocemos la identidad del que ha cometido el delito. Por el contrario, cuando sí tenemos datos de esa persona, lo apropiado es interponer una querella. Por ejemplo: imaginemos que Juan, en esta ocasión, ha sido agredido por su vecino, al cual conoce perfectamente. En este caso podrá interponer la citada querella, ya que se tienen los datos identificativos para ello.

Debemos tener en cuenta que, al presentar denuncia, no formaremos parte del proceso penal, ya que no se nos considerá parte procesal del mismo. Con las querellas, en cambio, sí que formaremos parte procesal de dicho proceso.

Teniendo en cuenta esta información, si hemos sido víctimas de un delito podremos ponerlo en conocimiento de las autoridades, tanto si conocemos la identidad del autor del mismo como si no. Es conveniente, en cualquiera de los casos, consultar con un abogado penalista para que analice la cuestión y tome las medidas oportunas.

Por eso le invitamos a ponerse en contacto con nuestro Despacho de abogados de Madrid, donde encontrará asesoramiento jurídico y defensa legal frente a cualquier problema que pudiera tener.

Es posible que alguna vez hayamos oído hablar del indulto, ya que algunos medios de comunicación recogen casos de este tipo. Un ejemplo es el que ocurrió con una madre de Valencia, que fue indultada después de haber comprado comida y pañales con una tarjeta extraviada, hechos por los que se le pedían un año y diez meses de cárcel. De forma paralela, también es posible que hayamos oído hablar de la aministía. ¿Qué diferencia a estas dos figuras? Lo explicamos en estas líneas.

Debemos saber que el indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, es decir: se ha producido un delito, del cual la persona es culpable, pero no se le impondrá la pena. El indulto, en España, es una medida de gracia, lo cual significa que no se aplica a todo el mundo, sino en casos concretos.

Conceder el indulto es una medida que compete al Rey, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros. Hay algunos casos que no pueden ser indultados, los delitos de traición y contra la seguridad del Estado cometidos por el Presidente del Gobierno o sus Ministros, pues así lo establece el artículo 102 Constitución Española.

La amnistía, por otro lado, supone el perdón del delito, y es aquí donde se encuentra la diferencia con el indulto. En el indulto se perdona la pena, pero se considera que el delito ha ocurrido; en la amnistía, en cambio, se perdona el delito en sí mismo, de forma que es como si no hubiese ocurrido. En España, esta materia se regula mediante la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.

Esperamos que esta información le haya sido útil. ¿Tiene alguna duda o comentarios que desee hacernos? En ese caso, puede contactar con nosotros a través de esta web, así como llamarnos por teléfono. Nuestro Despacho de abogados de Madrid le atenderá encantado.

 

¿Se ha preguntado qué puede hacer una persona cuando considera que ha sufrido una detención ilegal? El sistema policial y judicial en España es efectivo y tiene amplias garantías, pero evidentemente no está exento de que pueda haber errores. ¿Qué derechos tenemos para defendernos ante estas situaciones?

En España existe un procedimiento, llamado Habeas Corpus, que sirve precisamente para cubrir esta finalidad. Se encuentra recogido en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus. Gracias a ella, cualquier persona que haya sido detenida de forma ilegal tiene derecho a comparecer ante el Juez para exponer sus alegaciones, tras lo cual el Juez decidirá si es puesta en libertad o no. El plazo de resolución es de 24 horas, lo cual quiere decir que dentro de ese tiempo se tendrá determinar si la detención se ha realizado en las condiciones que regula la Ley.

Este procedimiento puede solicitarlo el propio detenido, pero también otras personas: su cónyuge o pareja de hecho, ascendientes, descendientes, hermanos y tutores legales. También están facultados para ello el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Juez, actuando de oficio. En el escrito que se presente, se deberán hacer constar como mínimo los siguientes aspectos:

  • El nombre del solicitante del Habeas Corpus.
  • El motivo por el que se solicita dicho Habeas Corpus.
  • El lugar de la privación de libertad y las circunstancias personales que han acontecido.

Recomendamos que, si usted o una persona cercana se encuentran detenida y consideran que ha existido un error por parte de los Cuerpos de Seguridad, se ponga en contacto con un abogado penalista lo antes posible. De esta forma se podrá analizar el caso y guiarle adecuadamente. Es por eso que puede contactar con nuestro Despacho de abogados de Madrid, donde le ayudaremos lo antes posible.

En el ámbito penal existen unas circunstancias, llamadas eximentes, que como su nombre indica sirven para eximir de responsabilidad criminal. Esto implica, por tanto, que no se aplicará ninguna pena. Las eximentes aparecen tasadas en el artículo 20 del Código Penal. Así, están exentos de responsabilidad criminal: El que al tiempo de cometer la infracción…

Supongamos que usted o alguien cercano han sido víctimas de un delito, por ejemplo, un robo, estafa o similar. Quiere que se emprendan acciones legales contra el infractor, pero desconoce quién es exactamente. ¿Sabe cómo puede resolverse esta situación?

Desde el punto de vista penal existen dos acciones distintas para este tipo de casos, que son la denuncia y la querella. De ellas, la denuncia tiene la particularidad de ser anónima, es decir, que no es obligatorio saber la identidad de la persona denunciada. Por eso, aunque usted no sepa exactamente quién cometió el delito, podrá acudir a una Comisaría de Policía y denunciar lo sucedido. Por ejemplo: a María le han entrado a robar en su casa, pero no sabe quién ha sido. Igualmente, María podrá presentar una denuncia por los hechos ocurridos.

Muchas personas tienen dudas con este tema e incluso dejan de interponer denuncia porque creen que no tiene sentido hacerlo al no saber el nombre de la otra parte, pero como vemos, esto no tiene que ser un obstáculo. Es tarea de los Cuerpos de seguridad hacer una investigación (si hay indicios fundados) y dar con la persona o personas que participaron en los hecho delictivos.

Tenga en cuenta que con un denuncia no se forma parte del proceso judicial, por lo que la policía no está obligada a comunicarle el resultado del mismo. Con las querellas, sin embargo, sí que seremos considerados parte procesal y nos informarán de dicho resultado. Le recomendamos que, siempre que haya sido víctima de un delito, se ponga en contacto lo antes posible con un abogado especializado en Derecho penal. En nuestro Despacho de Madrid nuestros abogados penalistas podrán analizar su caso y tomar las medidas judiciales que sean pertinentes para ayudarle, por lo que no dude en llamarnos o contactar a través de nuestra web.

Los delitos de injurias y calumnias se confunden a menudo. Se trata de dos términos de uso habitual en medios de comunicación que no significan lo mismo, por lo que, desde nuestro despacho de abogados de Madrid, consideramos útil explicar sus diferencias.

Ambas, tanto la injuria como la calumnia, se consideran delitos contra el honor, y como tal, se hayan recogidos en el Código Penal.

El honor es un derecho que la Constitución Española reconoce expresamente:

"Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

La calumnia es la imputación por parte de una persona hacia otra de la comisión de un delito, aún a sabiendas de que esto no es cierto.

Si una persona acusa a otra por ejemplo de haber robado un objeto, sabiendo que esto es incierto, estaríamos ante un delito de calumnia.

Las consecuencias penales para quién sea condenado por este delito pueden rondar la pena de prisión de seis meses a dos años o bien una multa de seis a doce meses. Dicha multa podrá incrementarse de doce a veinticuatro meses si esta calumnia se ha realizado con publicidad.

La injuria supone que una persona actúa o expresa algo que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su estimación. Por ejemplo, si una persona insulta gravemente a otra estaríamos ante un delito de injurias.

Para que la acción sea considerada un delito, los tribunales consideran que se ha de tratar de un insulto considerado grave por el conjunto de la sociedad. No valdría por tanto cualquier insulto o frase que pudiera ofender a la persona pero que no entrañase la gravedad requerida.

Las penas para los delitos de injurias oscilarán entre los tres a siete meses de multa o bien de los seis a los catorce si las injurias se han vertido con publicidad.

Si siente que su derecho al honor se está violando o bien se siente gravemente insultado por una o varias personas, tiene derecho a defenderse legalmente. Contacte con nuestros abogados penalistas de Madrid para recibir asesoramiento inmediato y le explicaremos de qué forma puede actuar.

Al finalizar un juicio, una de las cuestiones a dirimir es de qué forma se reparten todas las costas del proceso y a quién le corresponde satisfacerlas.

¿En qué consisten las costas?

Las costas totales están formadas por varios conceptos diferenciados:

  • Reintegro del papel sellado empleado en el proceso.
  • Pago de derechos de Arancel
  • Honorarios devengados por los abogados y los peritos.
  • Indemnizaciones para los testigos que las hubieran reclamado y demás gastos producidos por la instrucción de la causa.

De forma genérica, las costas suelen ser asumidas por la parte que ha perdido en el juicio.

Una vez hechas las tasas y el cálculo de las costas, se comunicará al Ministerio Fiscal y a la parte que haya sido condenada al pago por si tuvieran que hacer alguna manifestación, para lo que tendrá el plazo de tres días.

Transcurrido este plazo y sin que haya habido algún tipo de impugnación, se seguirá con el proceso, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En aquellos casos en que el obligado al pago sea beneficiario de Asistencia Jurídica Gratuita estará exento de asumir dichas costas.

Recuerde que nuestros abogados penalistas de Madrid cuentan con la experiencia suficiente para asumir su defensa legal en cualquier procedimiento penal en el que esté inmerso.

Estamos capacitados para representarle en procesos judiciales relacionados con diversos delitos: delitos de robo y hurto, delitos de lesiones, violencia de género y doméstica

Nuestro objetivo es la defensa de los derechos de nuestros clientes y conseguir los mejores acuerdos posibles. No dude en llamarnos para concertar cita y recibir asesoramiento legal inmediato.

El delito de estafa es, desafortunadamente, uno de los delitos más comunes en España. Tanto empresas como particulares pueden ser víctimas de este tipo de actos. De igual forma, la estafa puede ser cometida tanto por personas físicas como jurídicas.

Ejemplos de estafas son por ejemplo aquellos en los que una empresa ofrece un producto o servicio que luego no realiza o entrega, o que entregue algo que no se corresponde con lo ofertado.

El delito de estafa viene tipificado en el Código Penal, y más concretamente en su artículo 248:

“Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.”

También se consideran reos de estafa:

Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.

Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

Cuando sospechamos que hemos sido víctimas de una estafa o alguien cercano a nosotros, es preciso buscar asesoramiento legal especializado. Para este tipo de casos un abogado penalista es la mejor opción, ya que conoce el proceder ante este tipo de actuaciones con el objetivo de proteger los derechos e intereses de su cliente.

Desde nuestro despacho de Madrid le proporcionaremos asistencia legal a través de un abogado penalista experto que podrá ayudarle de forma personalizada y eficaz sobre su caso.

Contacte ahora con nosotros si necesita asesoramiento inmediato.

El delito de lesiones queda definido en el Código Penal, en el que se especifica que:

'El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

Como se deduce por tanto de esta definición, se realiza una distinción del tipo de lesión, dependiendo de si la misma requerirá posteriormente un tratamiento médico, lo que presupone que la lesión es de cierta gravedad.

Cuando la lesión no ha requerido posterior tratamiento médico, aunque sigue considerándose un delito, conlleva una pena menor, que será de multa de entre uno a tres meses.

Si este maltrato no ha causado ningún tipo de lesión, la pena oscilará entre el uno y los dos meses.

El Código Penal a su vez define una serie de circunstancias que, en caso de concurrir en la comisión del delito, agravarán las penas interpuestas por este. Se trata de una serie de agravantes que son:

  • Cuando, durante la agresión, se hubieran utilizado armas, objetos y una forma de llevarla a cabo que se consideran peligrosas para la vida o la salud física o psíquica de la víctima de la lesión.
  • Si hubiera existido ensañamiento o alevosía.
  • Si la víctima fuera un menor de 12 años o bien una persona con discapacidad y por tanto necesitada de una especial protección.
  • Si la víctima es una persona especialmente vulnerable que convive con el autor de la agresión.
  • Si la víctima es o hubiera sido esposa o pareja sentimental del autor de la agresión.
  • En el caso de que la víctima fuera su pareja o expareja además se aplicará un agravante por cuestión de género.

Si hemos sido víctimas de una agresión cuyo resultado es una lesión lo primero que debemos hacer es buscar asistencia médica inmediata para ser tratados de la misma y para obtener un informe médico acerca de las lesiones sufridas.

También es aconsejable buscar la ayuda especializada de un abogado.

Nuestros abogados de Madrid le ayudarán a tomar las medidas legales oportunas para proteger y ejercitar sus derechos ante la Justicia.

Contacte ya con nosotros, y solicite la asistencia legal de un abogado en Madrid especializado en delitos de lesiones.

 

En los últimos años, tras la crisis económica, ha habido un aumento alarmante de los casos de ocupación ilegal de viviendas, es decir, la entrada de una o varias personas en una propiedad que no les pertenece, y sin el consentimiento de sus legítimos dueños, con el fin de habitarla.

Este tipo de ocupación se denomina usurpación y se encuentra regulada en el Código Penal, más concretamente en su artículo 245 que la define como:

Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

 El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

La forma en que se ha producido la ocupación es importante ya que, en caso de haber mediado violencia, las penas impuestas serán mayores que en los casos en los que la ocupación haya sido pacífica.

¿Qué hacer si han ocupado mi vivienda?

Debe tener presente que la Policía solo podrá intervenir si la ocupación se está produciendo en su presencia, algo bastante difícil a no ser que sean por ejemplo los propios vecinos o usted mismo quiénes alerten en el momento de estar produciéndose sobre el  intento de ocupación.

En la mayoría de los casos, para cuando el propietario/s se da cuenta, la ocupación ya se ha hecho efectiva.

En estos casos se deberá conseguir una orden judicial para que se proceda al desalojo del inmueble.

Para obtener dicha orden deberemos cursar la correspondiente demanda y esperar a la celebración del juicio en el que se dice sentencia

Sabemos que la espera puede resultarle incómoda, pero es la vía legal que le ofrecerá todas las garantías para que pueda ejercitar sus derechos y hacer valer estos.

Nuestros abogados penalistas le ayudarán con su caso, en el caso de ser víctima de una ocupación ilegal. Estudiaremos su caso de forma personalizada para ofrecerle la mejor defensa legal y conseguir que el proceso sea lo más rápido y menos oneroso para usted.

No dude en contactar con nuestros abogados de Madrid para solicitar asesoramiento legal inmediato.

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