Internet es sin duda una herramienta muy útil, pero también sabemos que puede causar problemas en algunos supuestos. Así ocurre, por ejemplo, con las estafas cibernéticas. Algunos casos son el de los falsos préstamos de dinero; ventas de vehículos que no son ciertas; webs de citas donde se nos acaba robando información personal, etc.

Según el Código Penal, se considera que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También se considera que hay estafa en estos supuestos:

  • Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
  • Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.
  • Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

Nuestra recomendación es que actuemos con mucho cuidado y que obtengamos toda la información posible antes de hacer algún tipo de compra, venta o negocio a través de Internet. Asimismo evitaremos las webs con dudosa reputación o con apariencia poco confiable. Si a pesar de todo descubrimos que se han aprovechado de nosotros, no debemos dudar de ponerlo en conocimiento de la Policía y consultar a un abogado lo antes posible.

Como este tipo de delitos se consideran graves, las penas asociadas a ellos también lo son: prisión de seis meses a tres años, pudiéndose elevar hasta los seis años si se dan determinadas circunstancias.

Si necesita más información sobre este u otros temas legales solo tiene que contactar con nuestro equipo de abogados penalistas de Madrid.

En algunos casos sucede la desafortunada situación de que uno de los cónyuges se marcha de casa sin más y queremos plantearnos qué puede hacerse desde el punto de vista legal. Pues bien, esta situación aparece recogida en el Código Penal como un delito de abandono de familia  (artículo 226). Para ello, según el Código, tiene que darse el caso de que una persona deje de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados.

En estos casos hay que matizar que debe dejarse a la familia en una situación de indefensión y desvalimiento. No es lo mismo, por ejemplo, un caso en que el marido sea el único que tenga un empleo y sea el principal sustentador del hogar, que el otro en que exista una fuente de ingresos adicional. Por tanto habrá que estudiar cada caso concreto para determinar si efectivamente se ha dejado a los miembros de la familia en una situación de desvalimiento.

Si finalmente se acredita el abandono de familia, el Código Penal establece una pena de de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses; además el Juez podrá imponer la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.

Como esta situación es complicada y constituye un delito muy serio, es importante buscar a un profesional del Derecho Penal para que nos ayude y plantee el caso ante los Tribunales. Por eso invitamos a quienes se encuentren en esta situación, o necesiten ayuda con cualquier otro delito, que contacten con nuestro Despacho de abogados penalistas Madrid y les responderemos lo antes posible.

Cuando se ha cometido un delito esto queda reflejado en los antecedentes penales. Esta situación puede darnos ciertos problemas, por ejemplo a la hora de encontrar un empleo o de presentarnos a una oposición pública. Las personas extranjeras también pueden tener algunos inconvenientes como por ejemplo que no puedan renovar un visado o, en casos muy graves, pueden ser expulsadas del país.

El Código Penal se reformó por última vez en el año 2015 y trajo consigo grandes cambios; entre ellos, la desaparición de las denominadas faltas. Esto implica que ahora todas las conductas recogidas en el Código Penal se consideran delitos y, por lo tanto, derivan en antecedentes penales.

En cualquier caso sigue existiendo la posibilidad de cancelar los antecedentes penales una vez que ha pasado un tiempo. Estos plazos, que aumentaron tras la reforma que acabamos de citar, son los siguientes:

  • 6 meses, para las penas leves;
  • 2 años, para penas que no excedan de un año y para las penas por delitos imprudentes;
  • 3 años, para las restantes penas menos graves inferiores a 3 años.
  • 5 años, para el resto de penas menos graves que sean iguales o superiores a 3 años.
  • 10 años para las penas graves.

Muy importante tener en cuenta que estos plazos empiezan a contar desde que se produce la extinción de la responsabilidad penal, y exigen que no se haya cometido un nuevo delito (reincidencia). Si el penado hubiera cometido otro delito, habrá que reiniciar de nuevo el cómputo de plazos.

En caso de dudas recomendamos consultar con un abogado penalista, el cual analizará nuestro caso y nos ayudará a solicitar la cancelación de antecedentes. En nuestro Despacho de abogados Madrid contamos con un equipo cualificado que le ayudará con cualquier tema relativo al Derecho penal. Para más información le invitamos a seguir consultando esta web.

Decir la verdad, toda la verdad y solo la verdad. ¿Le es familiar esta frase? Lo cierto es, que al margen de cuestiones cinematográficas, decir la verdad como testigos ante un proceso judicial es trascendente y puede tener consecuencias si no se lleva a cabo, como vamos a ver a continuación.

La Administración de Justicia debe funcionar correctamente y, si una persona entorpece ese funcionamiento, está cometiendo un delito. De esta forma el Código Penal recoge, en su artículo 458, el delito de falso testimonio. Este delito se divide en dos partes, según si se comete en un proceso civil o en uno penal:

‘El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.

Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado.’

A esto debemos añadir que si quien comete este delito fuera un perito o intérprete la regulación se encontraría en el artículo 459, y las penas  se impondrán en su mitad superior. Además dichas personas serán castigadas con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años.

Matizamos que este delito hace referencia a los testigos y no al acusado, el cual tiene derecho a no decir la verdad. Esto, aunque suene extraño, es así porque el acusado tiene reconocidos los derechos de defenderse y de no declarar contra sí mismo.

Esperamos que esta información haya sido de su interés. Si tiene alguna duda sobre esta u otras cuestiones penales solo tiene que hacérnoslo saber y nuestro despacho de abogados penalistas de Madrid le atenderá lo antes posible.

 

Es frecuente que en el día a día escuchemos la palabra denuncia y la asociemos directamente a un proceso judicial. Sin embargo, para los abogados penalistas esta expresión está limitada y tiene unas características que la diferencian de la querella.

Las denuncias tienen carácter anónimo, lo que quiere decir que no conocemos la identidad de la persona contra la que nos dirigimos. Por ejemplo: hemos sufrido un robo en el que nos han sustraído la cartera, pero no sabemos quién ha sido. En este caso interpondremos una denuncia ante la Policía, Cuartel de la Guardia Civil o Juzgado de Guardia de la localidad donde se encuentra el denunciante. Hay que tener en cuenta que en las denuncias no formaremos parte del proceso judicial (si es que llega a producirse) por lo que la policía no tiene obligación de comunicarnos el resultado. Para presentar una denuncia no es necesario llevar procurador ni abogado, aunque si tenemos alguna duda es conveniente consultar con uno.

Las querellas, en cambio, son un documento que van dirigidos contra una persona identificada. Por ejemplo: una mujer quiere denunciar a su pareja por violencia de género. En estos casos sí que formaremos parte del proceso judicial, el cual deberá producirse obligatoriamente. Al formar parte de dicho proceso, seremos informados del resultado del mismo. Además tendremos que contar con la asistencia de un abogado y de un procurador.

Lo que tienen en común ambos conceptos es que se llevan a cabo ante la Jurisdicción Penal. Si en cambio estuviéramos ante un proceso de tipo Civil tendríamos que presentar una demanda, como ocurre con las demandas de divorcio.

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad. Recuerde que en caso de dudas puede ponerse en contacto con nuestros abogados penalistas de Madrid tanto por teléfono como a través de nuestra web. Le atenderemos encantados.

A menudo se confunden las expresiones de hurto y robo, pero legalmente son dos delitos distintos y es importante diferenciarlos.

Según el código Penal, el que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.

En cambio, son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

Si hemos leído con atención estos párrafos habremos observado que el robo se produce algún tipo de violencia o intimidación sobre la víctima, mientras que en el hurto no. Esta es la diferencia entre ambos delitos. Por eso mismo el robo tiene aparejada una pena de prisión más alta que el hurto. Además esta pena se puede ver aumentada si se dan determinadas circunstancias, por ejemplo, si el robo se ha hecho en una casa habitada.

Hoy en día se están produciendo robos utilizando medios que antes no existían, como los que se llevan a cabo por internet. Se recomienda consultar con un abogado penalista si hemos sido víctimas de cualquiera de los casos que hemos mencionada. En nuestro bufete de Madrid contamos con abogados especializados en varios ámbitos, entre ellos el Derecho Penal, que le ayudarán en todo momento. Trabajamos de forma eficaz para dar una rápida respuesta a los clientes que han sido víctimas de un delito y necesitan nuestra ayuda. Contacte con nosotros para más detalles, puede hacerlo llamando por teléfono o acudiendo a nuestra web.

En la actualidad es habitual hablar del Derecho del Honor, dentro de un contexto en el que se ha vulnerado dicho derecho que está reconocido para cualquier persona.

Cuando, por ejemplo, se publica contenido que puede ser ofensivo para la persona en medios de comunicación, redes sociales etc podemos estar ante la vulneración del Derecho al Honor.

¿Qué es el Derecho al Honor?

Cuando hablamos del derecho al honor en realidad nos referimos a un conjunto de derechos recogidos en la Constitución española y relacionados con la intimidad personal y familiar así como la protección de la imagen. Se trata de un derecho fundamental, lo que significa que cuenta con una especial protección.

Este derecho se ha desarrollado en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de marzo que desarrolla el mismo. En esta Ley podemos leer por tanto:

  • El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo dieciocho de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica.
  • El carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo 9.º de esta Ley. En cualquier caso, serán aplicables los criterios de esta Ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada de delito.
  • El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la protección prevista en esta ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento a que se refiere el artículo segundo de esta ley.

Si cree que ha sido vulnerado su honor, recuerdo que la Ley reconoce su derecho y que por tanto puede solicitar el amparo ante los órganos judiciales.

Para hacerlo, puede contar con el asesoramiento de nuestro abogado penalista de Madrid, que le acompañará y guiará durante todo el proceso.

 

Habitualmente, las desavenencias que surgen en el entorno laboral, entre trabajador y empresario, se dirimen en la jurisdicción laboral. Por ejemplo, cuando se produce un despido con el que el trabajador no está conforme, o cuando se modifican las condiciones del contrato de forma unilateral por parte del empresario, o se incumple alguna de las condiciones del contrato o el convenio.

Pero, en algunas ocasiones, determinadas actuaciones trascienden la jurisdicción laboral, pudiendo ser tratadas por la vía penal. En estas ocasiones, deberá contar con el asesoramiento y defensa legal experto de un abogado penalista, como el que encontrará en nuestro despacho de Madrid.

En el Código Penal español se recogen una serie de delitos contra los trabajadores. Existen por tanto determinadas conductas que pueden ser constitutivas de delito como son:

A quiénes, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

El tráfico de mano de obra también se considera delito.

También puede tener consideración de delito el dar trabajo simultáneamente a un grupo de trabajadores sin comunicar la preceptiva alta en la Seguridad Social o sin haber obtenido la autorización de trabajo.

En España, los trabajadores gozan de una serie de derechos que están protegidos tanto por la legislación de índole laboral como por la penal.

Si usted cree que se están vulnerando sus derechos, debe contactar de inmediato con un abogado que pueda ayudarle a defenderlos. En función de la gravedad y tipo de acciones necesitará un abogado laboralista o un abogado penal.

En nuestro despacho de abogados de Madrid contamos con un equipo de abogados multidisciplinar en el que podrá acceder a abogados de todas las áreas. Contacte ya con nosotros para solicitar asesoramiento legal.

El delito de estafa es, desafortunadamente, uno de los delitos más comunes en España. Tanto empresas como particulares pueden ser víctimas de este tipo de actos. De igual forma, la estafa puede ser cometida tanto por personas físicas como jurídicas.

Ejemplos de estafas son por ejemplo aquellos en los que una empresa ofrece un producto o servicio que luego no realiza o entrega, o que entregue algo que no se corresponde con lo ofertado.

El delito de estafa viene tipificado en el Código Penal, y más concretamente en su artículo 248:

“Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.”

También se consideran reos de estafa:

Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.

Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

Cuando sospechamos que hemos sido víctimas de una estafa o alguien cercano a nosotros, es preciso buscar asesoramiento legal especializado. Para este tipo de casos un abogado penalista es la mejor opción, ya que conoce el proceder ante este tipo de actuaciones con el objetivo de proteger los derechos e intereses de su cliente.

Desde nuestro despacho de Madrid le proporcionaremos asistencia legal a través de un abogado penalista experto que podrá ayudarle de forma personalizada y eficaz sobre su caso.

Contacte ahora con nosotros si necesita asesoramiento inmediato.

El delito de lesiones queda definido en el Código Penal, en el que se especifica que:

'El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

Como se deduce por tanto de esta definición, se realiza una distinción del tipo de lesión, dependiendo de si la misma requerirá posteriormente un tratamiento médico, lo que presupone que la lesión es de cierta gravedad.

Cuando la lesión no ha requerido posterior tratamiento médico, aunque sigue considerándose un delito, conlleva una pena menor, que será de multa de entre uno a tres meses.

Si este maltrato no ha causado ningún tipo de lesión, la pena oscilará entre el uno y los dos meses.

El Código Penal a su vez define una serie de circunstancias que, en caso de concurrir en la comisión del delito, agravarán las penas interpuestas por este. Se trata de una serie de agravantes que son:

  • Cuando, durante la agresión, se hubieran utilizado armas, objetos y una forma de llevarla a cabo que se consideran peligrosas para la vida o la salud física o psíquica de la víctima de la lesión.
  • Si hubiera existido ensañamiento o alevosía.
  • Si la víctima fuera un menor de 12 años o bien una persona con discapacidad y por tanto necesitada de una especial protección.
  • Si la víctima es una persona especialmente vulnerable que convive con el autor de la agresión.
  • Si la víctima es o hubiera sido esposa o pareja sentimental del autor de la agresión.
  • En el caso de que la víctima fuera su pareja o expareja además se aplicará un agravante por cuestión de género.

Si hemos sido víctimas de una agresión cuyo resultado es una lesión lo primero que debemos hacer es buscar asistencia médica inmediata para ser tratados de la misma y para obtener un informe médico acerca de las lesiones sufridas.

También es aconsejable buscar la ayuda especializada de un abogado.

Nuestros abogados de Madrid le ayudarán a tomar las medidas legales oportunas para proteger y ejercitar sus derechos ante la Justicia.

Contacte ya con nosotros, y solicite la asistencia legal de un abogado en Madrid especializado en delitos de lesiones.

 

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