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Entre los delitos que aparecen regulados en el Código Penal, uno de ellos es la omisión de socorro, que está señalada en el artículo 195. Seguramente alguna vez habremos escuchado un caso (por ejemplo, en los medios de comunicación) donde una persona necesitaba ayuda pero no se le prestó. Pues bien, si se dan determinados requisitos, esta conducta supone un delito en nuestra legislación. Vamos a analizarlo.

Según indica el Código Penal, el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

Es importante tener en cuenta que, tal como nos dice el Código, no se exige ponerse en peligro uno mismo para prestar el auxilio. Por ejemplo: si Juan presencia un accidente de coche, pero el vehículo se encuentra en llamas, no es obligatorio que Juan entre en dicho vehículo para rescatar al herido.

No obstante, el Código continua diciendo lo siguiente: en las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.

Esto significa que aunque no podamos ayudar al herido por nuestro propio pie, sí que podremos en cambiar pedir ayuda (por ejemplo, llamando por teléfono).

Y finalmente, el Código establece que si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años.

Es bueno conocer esta información para no incurrir en un posible delito. En cualquier caso, si tiene o ha tenido algún problema de tipo penal y necesita ayuda, recuerde que la mejor opción es consultar a un abogado. En nuestro Despacho de abogados penalistas de Madrid contamos con un equipo de profesionales que resolverán sus consultas, por lo que no dude en contactar con nosotros para más detalles.

¿Sabe que los procesos penales tienen una serie de etapas en su tramitación? Se trata de una cuestión muy importante, por lo que vamos a explicarla brevemente en las siguientes líneas. Si bien existen varios tipos de procesos penales, cada uno con sus propias características, podemos distinguir una serie de fases comunes:

Fase de instrucción

Es el punto de partida del proceso. Se le llama también ‘fase de sumario’. En ella, se realiza una investigación de los hechos constitutivos del delito, para averiguar quién o quiénes son los culpables del mismo. Para ello se pueden llevar a cabo varias diligencias, como la inspección ocular, declaraciones de los procesados y de testigos, careos, etc. Durante todo este tiempo, tanto acusación como acusado tienen derecho a contar con un abogado, el cual podrá recurrir si algo no se realiza correctamente.

Fase intermedia

Está destinada a valorar si la conclusión del sumario es correcta. En su caso, en esta fase se pueden acordar nuevas diligencias, o también se puede acordar el sobreseimiento del caso (suspensión del juicio por falta de causas para continuar).

Fase de juicio oral

Si no se produce el sobreseimiento, comienza la tercera y última fase del proceso penal, que es donde se produce el juicio oral propiamente dicho. Llegados a este punto, es necesario contar tanto con un abogado como con un procurador. Es en esta fase donde se produce la práctica de las pruebas, como pueden ser informes periciales, pruebas documentales y todas aquellas que permite la Ley.

El juicio oral termina normalmente con una Sentencia, ya que asi lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 802: ‘La sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes a la terminación de la vista’. La Sentencia puede ser condenatoria o absolutoria hacia el acusado, aunque se pueden recurrir.

 Si le ha gustado esta información, le animamos a compartirla si así lo desea; además, recuerde que puede enviar una consulta a nuestros abogados penalistas de Madrid.

Supongamos que usted o alguien cercano han sido víctimas de un delito, por ejemplo, un robo, estafa o similar. Quiere que se emprendan acciones legales contra el infractor, pero desconoce quién es exactamente. ¿Sabe cómo puede resolverse esta situación?

Desde el punto de vista penal existen dos acciones distintas para este tipo de casos, que son la denuncia y la querella. De ellas, la denuncia tiene la particularidad de ser anónima, es decir, que no es obligatorio saber la identidad de la persona denunciada. Por eso, aunque usted no sepa exactamente quién cometió el delito, podrá acudir a una Comisaría de Policía y denunciar lo sucedido. Por ejemplo: a María le han entrado a robar en su casa, pero no sabe quién ha sido. Igualmente, María podrá presentar una denuncia por los hechos ocurridos.

Muchas personas tienen dudas con este tema e incluso dejan de interponer denuncia porque creen que no tiene sentido hacerlo al no saber el nombre de la otra parte, pero como vemos, esto no tiene que ser un obstáculo. Es tarea de los Cuerpos de seguridad hacer una investigación (si hay indicios fundados) y dar con la persona o personas que participaron en los hecho delictivos.

Tenga en cuenta que con un denuncia no se forma parte del proceso judicial, por lo que la policía no está obligada a comunicarle el resultado del mismo. Con las querellas, sin embargo, sí que seremos considerados parte procesal y nos informarán de dicho resultado. Le recomendamos que, siempre que haya sido víctima de un delito, se ponga en contacto lo antes posible con un abogado especializado en Derecho penal. En nuestro Despacho de Madrid nuestros abogados penalistas podrán analizar su caso y tomar las medidas judiciales que sean pertinentes para ayudarle, por lo que no dude en llamarnos o contactar a través de nuestra web.

Internet es sin duda una herramienta muy útil, pero también sabemos que puede causar problemas en algunos supuestos. Así ocurre, por ejemplo, con las estafas cibernéticas. Algunos casos son el de los falsos préstamos de dinero; ventas de vehículos que no son ciertas; webs de citas donde se nos acaba robando información personal, etc.

Según el Código Penal, se considera que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También se considera que hay estafa en estos supuestos:

  • Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
  • Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.
  • Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

Nuestra recomendación es que actuemos con mucho cuidado y que obtengamos toda la información posible antes de hacer algún tipo de compra, venta o negocio a través de Internet. Asimismo evitaremos las webs con dudosa reputación o con apariencia poco confiable. Si a pesar de todo descubrimos que se han aprovechado de nosotros, no debemos dudar de ponerlo en conocimiento de la Policía y consultar a un abogado lo antes posible.

Como este tipo de delitos se consideran graves, las penas asociadas a ellos también lo son: prisión de seis meses a tres años, pudiéndose elevar hasta los seis años si se dan determinadas circunstancias.

Si necesita más información sobre este u otros temas legales solo tiene que contactar con nuestro equipo de abogados penalistas de Madrid.

En algunos casos sucede la desafortunada situación de que uno de los cónyuges se marcha de casa sin más y queremos plantearnos qué puede hacerse desde el punto de vista legal. Pues bien, esta situación aparece recogida en el Código Penal como un delito de abandono de familia  (artículo 226). Para ello, según el Código, tiene que darse el caso de que una persona deje de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados.

En estos casos hay que matizar que debe dejarse a la familia en una situación de indefensión y desvalimiento. No es lo mismo, por ejemplo, un caso en que el marido sea el único que tenga un empleo y sea el principal sustentador del hogar, que el otro en que exista una fuente de ingresos adicional. Por tanto habrá que estudiar cada caso concreto para determinar si efectivamente se ha dejado a los miembros de la familia en una situación de desvalimiento.

Si finalmente se acredita el abandono de familia, el Código Penal establece una pena de de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses; además el Juez podrá imponer la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.

Como esta situación es complicada y constituye un delito muy serio, es importante buscar a un profesional del Derecho Penal para que nos ayude y plantee el caso ante los Tribunales. Por eso invitamos a quienes se encuentren en esta situación, o necesiten ayuda con cualquier otro delito, que contacten con nuestro Despacho de abogados penalistas Madrid y les responderemos lo antes posible.

Cuando se ha cometido un delito esto queda reflejado en los antecedentes penales. Esta situación puede darnos ciertos problemas, por ejemplo a la hora de encontrar un empleo o de presentarnos a una oposición pública. Las personas extranjeras también pueden tener algunos inconvenientes como por ejemplo que no puedan renovar un visado o, en casos muy graves, pueden ser expulsadas del país.

El Código Penal se reformó por última vez en el año 2015 y trajo consigo grandes cambios; entre ellos, la desaparición de las denominadas faltas. Esto implica que ahora todas las conductas recogidas en el Código Penal se consideran delitos y, por lo tanto, derivan en antecedentes penales.

En cualquier caso sigue existiendo la posibilidad de cancelar los antecedentes penales una vez que ha pasado un tiempo. Estos plazos, que aumentaron tras la reforma que acabamos de citar, son los siguientes:

  • 6 meses, para las penas leves;
  • 2 años, para penas que no excedan de un año y para las penas por delitos imprudentes;
  • 3 años, para las restantes penas menos graves inferiores a 3 años.
  • 5 años, para el resto de penas menos graves que sean iguales o superiores a 3 años.
  • 10 años para las penas graves.

Muy importante tener en cuenta que estos plazos empiezan a contar desde que se produce la extinción de la responsabilidad penal, y exigen que no se haya cometido un nuevo delito (reincidencia). Si el penado hubiera cometido otro delito, habrá que reiniciar de nuevo el cómputo de plazos.

En caso de dudas recomendamos consultar con un abogado penalista, el cual analizará nuestro caso y nos ayudará a solicitar la cancelación de antecedentes. En nuestro Despacho de abogados Madrid contamos con un equipo cualificado que le ayudará con cualquier tema relativo al Derecho penal. Para más información le invitamos a seguir consultando esta web.

Decir la verdad, toda la verdad y solo la verdad. ¿Le es familiar esta frase? Lo cierto es, que al margen de cuestiones cinematográficas, decir la verdad como testigos ante un proceso judicial es trascendente y puede tener consecuencias si no se lleva a cabo, como vamos a ver a continuación.

La Administración de Justicia debe funcionar correctamente y, si una persona entorpece ese funcionamiento, está cometiendo un delito. De esta forma el Código Penal recoge, en su artículo 458, el delito de falso testimonio. Este delito se divide en dos partes, según si se comete en un proceso civil o en uno penal:

‘El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.

Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado.’

A esto debemos añadir que si quien comete este delito fuera un perito o intérprete la regulación se encontraría en el artículo 459, y las penas  se impondrán en su mitad superior. Además dichas personas serán castigadas con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años.

Matizamos que este delito hace referencia a los testigos y no al acusado, el cual tiene derecho a no decir la verdad. Esto, aunque suene extraño, es así porque el acusado tiene reconocidos los derechos de defenderse y de no declarar contra sí mismo.

Esperamos que esta información haya sido de su interés. Si tiene alguna duda sobre esta u otras cuestiones penales solo tiene que hacérnoslo saber y nuestro despacho de abogados penalistas de Madrid le atenderá lo antes posible.

 

Es frecuente que en el día a día escuchemos la palabra denuncia y la asociemos directamente a un proceso judicial. Sin embargo, para los abogados penalistas esta expresión está limitada y tiene unas características que la diferencian de la querella.

Las denuncias tienen carácter anónimo, lo que quiere decir que no conocemos la identidad de la persona contra la que nos dirigimos. Por ejemplo: hemos sufrido un robo en el que nos han sustraído la cartera, pero no sabemos quién ha sido. En este caso interpondremos una denuncia ante la Policía, Cuartel de la Guardia Civil o Juzgado de Guardia de la localidad donde se encuentra el denunciante. Hay que tener en cuenta que en las denuncias no formaremos parte del proceso judicial (si es que llega a producirse) por lo que la policía no tiene obligación de comunicarnos el resultado. Para presentar una denuncia no es necesario llevar procurador ni abogado, aunque si tenemos alguna duda es conveniente consultar con uno.

Las querellas, en cambio, son un documento que van dirigidos contra una persona identificada. Por ejemplo: una mujer quiere denunciar a su pareja por violencia de género. En estos casos sí que formaremos parte del proceso judicial, el cual deberá producirse obligatoriamente. Al formar parte de dicho proceso, seremos informados del resultado del mismo. Además tendremos que contar con la asistencia de un abogado y de un procurador.

Lo que tienen en común ambos conceptos es que se llevan a cabo ante la Jurisdicción Penal. Si en cambio estuviéramos ante un proceso de tipo Civil tendríamos que presentar una demanda, como ocurre con las demandas de divorcio.

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad. Recuerde que en caso de dudas puede ponerse en contacto con nuestros abogados penalistas de Madrid tanto por teléfono como a través de nuestra web. Le atenderemos encantados.

A menudo se confunden las expresiones de hurto y robo, pero legalmente son dos delitos distintos y es importante diferenciarlos.

Según el código Penal, el que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.

En cambio, son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

Si hemos leído con atención estos párrafos habremos observado que el robo se produce algún tipo de violencia o intimidación sobre la víctima, mientras que en el hurto no. Esta es la diferencia entre ambos delitos. Por eso mismo el robo tiene aparejada una pena de prisión más alta que el hurto. Además esta pena se puede ver aumentada si se dan determinadas circunstancias, por ejemplo, si el robo se ha hecho en una casa habitada.

Hoy en día se están produciendo robos utilizando medios que antes no existían, como los que se llevan a cabo por internet. Se recomienda consultar con un abogado penalista si hemos sido víctimas de cualquiera de los casos que hemos mencionada. En nuestro bufete de Madrid contamos con abogados especializados en varios ámbitos, entre ellos el Derecho Penal, que le ayudarán en todo momento. Trabajamos de forma eficaz para dar una rápida respuesta a los clientes que han sido víctimas de un delito y necesitan nuestra ayuda. Contacte con nosotros para más detalles, puede hacerlo llamando por teléfono o acudiendo a nuestra web.

En la actualidad es habitual hablar del Derecho del Honor, dentro de un contexto en el que se ha vulnerado dicho derecho que está reconocido para cualquier persona.

Cuando, por ejemplo, se publica contenido que puede ser ofensivo para la persona en medios de comunicación, redes sociales etc podemos estar ante la vulneración del Derecho al Honor.

¿Qué es el Derecho al Honor?

Cuando hablamos del derecho al honor en realidad nos referimos a un conjunto de derechos recogidos en la Constitución española y relacionados con la intimidad personal y familiar así como la protección de la imagen. Se trata de un derecho fundamental, lo que significa que cuenta con una especial protección.

Este derecho se ha desarrollado en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de marzo que desarrolla el mismo. En esta Ley podemos leer por tanto:

  • El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo dieciocho de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica.
  • El carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo 9.º de esta Ley. En cualquier caso, serán aplicables los criterios de esta Ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada de delito.
  • El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la protección prevista en esta ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento a que se refiere el artículo segundo de esta ley.

Si cree que ha sido vulnerado su honor, recuerdo que la Ley reconoce su derecho y que por tanto puede solicitar el amparo ante los órganos judiciales.

Para hacerlo, puede contar con el asesoramiento de nuestro abogado penalista de Madrid, que le acompañará y guiará durante todo el proceso.

 

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